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En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México inició —de manera formal— el procedimiento de remoción en contra del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, que concluirá en 55 días hábiles con un dictamen que se presentará ante el pleno y ahí se decidirá si se va o no el morenista de la demarcación.
Ayer Rigoberto Salgado fue notificado del procedimiento y avisado de que tendrá 15 días hábiles para presentar pruebas en su defensa.
No estará obligado a acudir de manera presencial a la Comisión Especial Jurisdiccional del órgano legislativo local para exponer su situación, tiene el derecho de enviar por escrito cada uno de los cuestionamientos de los diputados integrantes en torno a sus presuntos nexos criminales.
Con 26 minutos de atraso y la inmediatez del presidente de la Comisión Especial, Armando López Velarde Campa, para solicitar que en este proceso también se cite a comparecer a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, así como a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Hiram Almeida, y al procurador capitalino, Edmundo Garrido, cuatro de los diputados integrantes simplemente se quedaron atónitos.
Felipe Félix de la Cruz y Miguel Ángel Hernández (Morena) avalaron la asistencia de los funcionarios porque su información será de gran ayuda en la resolución del caso.
El perredista Mauricio Toledo se pronunció porque no fuera un planteamiento así al aire, sino establecido a través de un plan de trabajo.
“Yo soy de la gente que cree, y seguramente los más de 22 diputados que firmaron, de que esta Comisión Jurisdiccional tiene que trabajar conforme a derecho y que en ese sentido tenemos que hacer una agenda de trabajo ágil, no sé si estén los medios de comunicación, no hacerlo al vapor”, manifestó Toledo.
También habló el panista José Manuel Delgadillo para argumentar que al tratarse de una Comisión Especial no cabe la posibilidad de hacer un calendario de actividades.
Es más, dijo que desde su perspectiva le preocupaba que se quisiera llamar a comparecer a algunos funcionarios que, de entrada en el documento base de esta acción, no están señalados como testigos.
Los asambleístas Carlos Candelaria (PES) y a López Velarde Campa (Movimiento Ciudadano) secundaron la petición y sugirieron la asistencia del secretario de Finanzas, Édgar Abraham, y del director general del C5, Ydris Rodríguez Zapata.
