La Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) se suma al exhorto realizado por el gobierno capitalino al poder judicial federal, para que no remitan ni reubiquen en centros penitenciarios de la capital a personas privadas de su libertad de alta peligrosidad.
La titular del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que, de traerlos, se violan los derechos humanos del resto de los internos, debido a que se modifican las dinámicas de los centros penitenciarios y se genera un ambiente más peligroso.
“Los reclusorios y los centros aquí en la Ciudad de México son de mediana y baja peligrosidad, es decir, están diseñados para personas que cometen delitos de bajo impacto.
“Ya habían ocurrido situaciones similares, hay algunos antecedentes, no de evasión, pero si de problemas [por la reubicación de reos], en los que están involucradas personas que han cometido crímenes y delitos de alto impacto y que no deberían estar en esos centros”, explicó Ramírez Hernández.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la ombudsperson expuso que hay un gran número de órdenes judiciales que ha emitido el sistema judicial federal en los que establece que la Ciudad de México debe recibir a ese tipo de personas, pero muchas de ellas, por tratarse de delitos graves, deberían estar en centros federales de alta seguridad; sin embargo, se desconoce por qué emiten ese tipo de órdenes judiciales y la capital “no tiene [otra alternativa] más que acatar la orden”.
“En los últimos años hemos notado que en los penales hay problemas en el control de las dinámicas cotidianas y [eso] sucede con este tipo de personas acusadas o [que están] siguiendo sus procesos por delitos que requieren infraestructura física y humana de alta seguridad y mayor capacitada, que son los centros federales. Ninguno de los [centros penitenciarios] locales tiene la capacidad para hacerlo”, recalcó.
Sobre la investigación de la fuga de los tres reos del Reclusorio Sur, registrada el pasado 29 de enero, Ramírez Hernández comentó que se abrió una queja de oficio, porque en esos casos de evasión siempre están involucrados servidores públicos.
Además, dijo, están atentos, por medio de la segunda visitaduría de las indagatorias, para que no se violen los derechos de las personas que son investigadas, como internos, custodios y el resto de los funcionarios.
“En estos momentos no hemos recibido ninguna queja, pero estaremos atentos, tanto de las personas privadas de su libertad, como de los funcionarios que están siendo interrogados”, puntualizó.
No obstante, aseguró que también se supervisó que no se afectara la cotidianidad de los otras personas privadas de su libertad, en cuanto a servicios, alimentos e incluso que se les informara sobre lo ocurrido para que supieran de los protocolos, pero aseguró que todo fluyó con normalidad.
