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El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Galdino Morán López, sostiene que ante su inminente destitución: “No estoy preocupado, sino indignado por la manera de proceder de este grupo político, no académico, que desde hace 18 años mantiene el control de esta institución”.
Sin embargo, advierte que saldrá “con la frente en alto y lucharé hasta sus últimas consecuencias. No les será fácil deshacerse de mí. He comenzado a encontrar salidas y cuento con suficientes pruebas que demuestran mi inocencia. No soy corrupto como me acusan y lo demostraré”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.
De acuerdo con el expediente UACM/CU-6/RRU/001/19, Morán López es acusado de: incumplimiento de atribuciones, funciones y obligaciones, omisión en el seguimiento de la legislación universitaria y daño patrimonial por omisión e ineficiencia en el caso de las obras inconclusas; creación de plazas como pago de favores, sin seguimiento de la normativa y dañando al patrimonio universitario.
También por incumplimiento de la normatividad electoral y usurpación de funciones; violaciones a derechos universitarios y derechos humanos por acto u omisión; por la violación al artículo 47, fracción I, y artículo 50, fracción 11 del Estatuto General Orgánico de la UACM; así como violación a las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UACM y daño patrimonial.
El rector asegura que cuenta con cinco días hábiles para presentar sus alegatos, “pero sé que de poco o nada me servirán, pues presenté un primer paquete de evidencias y no fueron tomadas en cuenta por el Consejo Universitario. Este grupo de aproximadamente 60 profesores —de mil que tiene la UACM— está decidido a destruirme, como me lo advirtieron desde que asumí el cargo”, acusa.
Con más de 40 años de trayectoria académica, “no en la política porque no pertenezco a ningún partido político, como lo hacen estos sujetos que me quieren correr. No lo digo yo, sino ellos mismos lo propagan, lo presumen, de tener amigos, familiares, padrinos, compadres del partido en el poder, tanto del gobierno local como en el federal”, comenta.
¿Qué riesgo corre la UACM con su destitución?
—Pues que todos los programas, las investigaciones, los proyectos, se vengan abajo. Que de nueva cuenta este grupo faccioso, reducido, que no respeta nada ni a nadie, que persigue y agrede a quien no piensa y actúa como ellos, vuelva a tomar el control de la universidad. Quieren obtener recursos para realizar sus propios proyectos políticos, no académicos.
En cuanto al “juicio sumario” que enfrentará antes del 11 de julio próximo, que podría ser antes, comenta que todo está envuelto de una serie de irregularidades, “pues para denunciarme presentaron documentos ilegibles, repetitivos, que cuando exigí me los mostraran, lo hicieron a destiempo. Aun así logré responder en tiempo y forma con 40 páginas en mi defensa, anexándole más de 400 evidencias que, lamentablemente, no las tomaron en cuenta”, recuerda.
Revela que desde el 8 de mayo de 2018, cuando ganó las votaciones para la Rectoría, “estos mismos sujetos que hoy me acusan y me juzgarán, me advirtieron que me destituirían, por lo que desde ese día comenzaron las agresiones físicas, verbales y hasta en redes sociales. Bueno, hasta he denunciado dos amenazas de muerte. Pero así es el comportamiento de este grupo político”, dice.
Reconoce que estas agresiones se intensificaron cuando este grupo pidió una “descarga académica”, pues argumentaban que era mucho el trabajo que realizan en el Consejo Universitario y todavía tenían que cumplir con sus clases.
“Todos aquí, independientemente de la actividad administrativa que realizamos, estamos obligados a dar clases. Incluso yo, como rector, todos los jueves doy clases entre las 11:30 a las 12:30 horas, lo mismo que mis coordinadores. Por eso es que era inaceptable que gozaran de ese privilegio. Afortunadamente desistieron del plan, pero se molestaron”.
Agrega que, de haber aceptado el Consejo Universitario la propuesta de estos profesores, a la UACM le hubiera representado un gasto de casi 2.5 millones de pesos, porque se vería obligada a contratar maestros de asignatura para cubrir la ausencia de éstos y todos aquellos que durante 18 años de existencia de esta institución, aprovechaban cualquier pretexto para dejar de dar clases.