En respuesta a la iniciativa de reformas al Código Civil local , presentada por diputados de Morena, especialistas en la materia coincidieron que mejor deberían proponer decretos, para encontrar solución a los conflictos de arrendamientos provocados por la pandemia del Covid-19 , “y no dividir más a la sociedad, pues la iniciativa busca dar preferencia a una de las partes para perjudicar a otra”.
Así quedó establecido en el Foro Virtual: Vivienda y Arrendamiento en tiempo del Covid-19”, organizado por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Eduardo Santillán Pérez, donde la diputada Valentina Batres Guadarrama aseguró que su propuesta no busca beneficiar a unos (a los arrendatarios) y perjudicar a otros (arrendadores).
Sin embargo, el ex presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM , destacó que primero habría que establecerse si los legisladores de Morena pretenden solucionar el problema de arrendamientos generado por esta contingencia o lo que ha existido desde hace años y que, “seguro lo desconocen”, ya lo contempla el actual Código.
Por ello, el especialista, apoyado por el presidente del Colegio de Profesores de Derechos Civil de la UNAM, Miguel Ángel Beltrán Lara, y el vicepresidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Homero Díaz Rodríguez, exigieron que los proponentes consideren el verdadero contenido del Código Civil, “y no busquen dividir a la sociedad, pues tal parece que buscan beneficios para unos y perjudicar a otros”.
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Incluso, Beltrán Lara propuso que en lugar de reformar dicho Código, mejor busquen crear un decreto, donde el Gobierno proponga apoyos económicos en rentas menores de 10 mil pesos, donde los arrendadores acepten hacer sacrificios, como también a los arrendatarios, “pues es necesario que todos participemos en situaciones como las que vivimos con esta pandemia”, afirmó.
Contrario a ellos, el coordinador de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho y uno de los autores de la iniciativa, así como Luciano Rangel, abogado del Movimiento Popular, y demás integrantes de esa agrupación, piden que ya es necesario acabar con ese sector inmobiliario.
“Pues todos estos años sólo algunos se han enriquecido con la necesidad de la gente. Exigimos a los diputados y a ustedes especialistas, consideren si es necesario defender a un anciano que renta una vivienda a una numerosa familia. Es necesario acabar con eso”, exigieron.
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En tanto, el diputado local del PAN, Diego Garrido López, propuso la solución para evitar que alguien se quede sin un techo la tiene el gobierno de Morena en sus manos, por lo que debe entregar apoyos económico a las personas que han quedado desempleadas, “si alguien no puede pagar su renta en esta crisis, el Gobierno debe garantizar su derecho a la vivienda”.
Empero, celebró que Morena por fin reconoce el déficit y la ausencia de una política de vivienda en la Ciudad, aunque advirtió que su partido no permitirá que ese partido arrebate bienes, ni genere incertidumbre en el mercado de la vivienda, por una carga ideológica comunista que busca salvar al Gobierno de su responsabilidad social.
“La salida es que el propio Gobierno apoye con recursos económicos a los desempleados, del propio partido que gobierna esta Ciudad. Esta reforma impacta negativamente a muchas personas de bajos recursos y sigue siendo inconstitucional”, destacó en su participación.
Por su parte, los diputados locales de Morena, como Ricardo Fuentes, Ricardo Ruiz y Yuriri Ayala, aprovecharon el foro para promover sus iniciativas, olvidándose por completo del propósito del evento.
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En tanto, el organizador del evento, Eduardo Santillán, sostuvo que ante las tres iniciativas ingresadas al Congreso local en materia de arrendamiento, que entre otros aspectos pretenden evitar los desalojos aunque se deje de pagar la renta de los inmuebles, aseguró que la iniciativa que prepara garantiza el respeto a la propiedad privada.
Comentó que en las iniciativas sobre arrendamiento que están en análisis, sobre todo la presentaron Martha Ávila y Valentina Batres, la de él garantizará en el dictamen un absoluto y estricto respeto a la constitucionalidad, respeto a la voluntad privada y la voluntad de las partes.
“Y es que una de las propuestas impulsa que en caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impide al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”, en lo cual dijo no estar de acuerdo.
shgm