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Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, impugnó la prisión preventiva justificada que le impuso un juez de Control en la Ciudad de México.
Mediante un amparo que fue admitido por la jueza Decimosexta de Distrito especializada en la materia en la Ciudad, Miss Mónica solicitó una suspensión provisional, misma que le fue negada.
La también directora de la escuela enfrenta dos procesos: uno, por homicidio culposo de 26 personas; otro, por permitir la construcción de una obra sin licencia. Sin embargo, el juez de Amparo no especificó por cuál de los dos solicitó protección.
García Villegas fue detenida en mayo pasado y se le vinculó a proceso por ambos delitos. Dichas conductas no ameritan prisión preventiva de oficio, pero la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local solicitó que se le impusiera esta medida justificada debido al riesgo de fuga que representa, pues permaneció casi dos años evadida de la justicia.
El Colegio Enrique Rébsamen permanece bajo el resguardo de la PGJ por las investigaciones que realiza sobre las muertes de 19 niños y siete adultos, ocurridas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
García Villegas permanece privada de su libertad en el penal de Santa Martha Acatitla. En agosto próximo vencen los tres meses que el juez de Control concedió para que la procuraduría capitalina concluya su investigación complementaria, tanto en el caso de homicidio culposo como el de responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO) o corresponsable propietario que permitió la edificación sin licencias.
En su audiencia de vinculación a proceso por el homicidio de 26 personas, su defensa argumentó que García Villegas desconoce de temas estructurales y que ella no provocó el sismo que causó la tragedia.
El Ministerio Público indicó que la directora sí es responsable, porque autorizó la construcción de un cuarto piso en el edificio de la escuela.
Dos días después, fue vinculada a proceso por permitir esa edificación sin las licencias pertinentes.
Desde 2013, la entonces delegación Tlalpan ordenó la clausura de la obra realizada en el centro educativo, por el que se adicionó el cuarto piso que la Procuraduría General de Justicia local afirma se construyó de manera irregular, porque en una inspección detectó que se realizaron actividades de demolición que afectaban la estructura del inmueble.
