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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó al senador y exmandatario capitalino Miguel Ángel Mancera a revisar detalladamente la metodología y los datos de reclasificación de las carpetas de investigación de 2018, pues es evidente que hubo maquillaje de cifras; sin embargo, dijo que no realizará acusaciones personales.
“No acusaré personalmente a nadie, por eso están las investigaciones. Evidentemente había una práctica para evitar que se denunciara, nosotros estamos rompiendo con cualquier inercia que hay en ese sentido y que no sólo se haga pública esta información, sino orientar a la ciudadanía a que denuncie”, expuso.
Explicó que si la gente denuncia más se logrará tener un mejor sistema de justicia, inclusive pueden elevarse las cifras, particularmente en aquellos temas donde hay cifra negra, situación que no afectará al Gobierno, pues el principal objetivo es que se haga justicia.
“La gente no denuncia porque se tarda mucho tiempo en el MP y no se le ve el sentido. En la medida que se fortalezca el sistema de justicia, particularmente de la procuraduría a la fiscalía, en esa medida habrá más denuncias”, dijo.
Sobre las investigaciones de las 106 personas involucradas en el caso, explicó que la procuraduría local hace las investigaciones y será la que presente los resultados.
Falta de ética. El exprocurador capitalino de 2000 a 2006, Bernardo Bátiz Vázquez, consideró que las cifras alteradas en la administración de Miguel Ángel Mancera son una “falta de ética” y una forma de corrupción por engañar a la opinión pública.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que en la administración de Andrés Manuel López Obrador el procedimiento para tener al día las cifras de los delitos era distinta y no digitalmente.
“No teníamos tanta tecnología, pero se hacían con cuidado y honradez. Nunca dimos datos falsos, los que se informaban eran los que se denunciaban ante el Ministerio Público, los enviaban los responsables, pero ahora es automático, de ese modo se pudo hacer [el maquillaje]”, acusó Bátiz.
Detalló que sí las cifras reportadas por la pasada administración se daban al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y al Inegi, el delito podría ser grave al tratarse de falsedad y está penado en el Código Penal federal.