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El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que pedirá a la Contraloría General de la Ciudad de México investigue la contratación de 2 mil personas como monitoristas delegacionales en Iztapalapa, cuyo presupuesto es de 108 millones de pesos y Morena acusa un uso electoral.
Además se comprometió a que la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, acuda al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para que explique a detalle esta situación.
Durante su corte informativo, Mancera aclaró también que frente a cualquier asunto que se crea ilegal para eso están las autoridades electorales.
A su vez, Anguiano Flores defendió los programas de monitores delegacionales al señalar que existen desde el año pasado y han sido auditados sin hallar irregularidades.
La delegada perredista aseguró que Morena miente al señalar que se dará un uso electoral a estos monitores, los cuales, dijo, incluso fueron pieza clave para ayudar al censo de afectaciones del sismo del 19 de septiembre.
Acusó que personajes como los ex delegados Jesús Valencia y Clara Brugada “quieren politizar todas las acciones de gobierno” en Iztapalapa porque “están nerviosos” ante la posibilidad de que el PRD gane la demarcación.
Incluso expuso que estos ex delegados crearon programas similares de promotores en sus administraciones, por lo que se dijo tranquila ante el anuncio de los morenistas de presentar denuncias, pues sostuvo que ella tiene pruebas para defender la legalidad de las acciones institucionales.
Anguiano explicó que a través de las acciones institucionales Poder Ciudadano y Poder Vincularse, los promotores brindan capacitación en materia de Protección Civil a los vecinos, llevan actividades culturales y difunden programas sociales, entre otras tareas que ya están delimitadas y que por ello no serán objeto de una operación electoral pues, añadió, la demarcación supervisa sus actividades.
Inconformes. Este miércoles fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos de dos programas implementados el año pasado en la demarcación y que contemplan el desembolso millonario para la contratación de personas bajo el supuesto de fortalecer la participación ciudadana.
Morena en voz del dirigente, Martí Batres, y del diputado federal, Jesús Valencia, alertaron que estas acciones se tratan de meros apoyos electorales “burdamente oficializados”.
Anticiparon que acudirían al Instituto Electoral de la Ciudad de México a interponer una denuncia.
Al respecto, la precandidata del PRD a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, atribuyó al inicio de una guerra sucia las quejas de Morena sobre un supuesto uso electoral de 108 millones de pesos por parte de la delegación Iztapalapa.
Barrales dijo que encuestas recientes la colocan a la alza y cerca de Claudia Sheinbaum, por lo cual, añadió, “tengo claridad que después de estos datos [encuestas] que ellos [Morena] conocen, entiendo que lo que viene es la guerra sucia, porque la victimización es parte de su estrategia”.
