La Asociación de Permisionarios del Sistema de Transporte Colectivo, A.C., acusó ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina a tres funcionarios de la Subgerencia de Administración de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, debido a que insisten en retirar 313 locales comerciales afiliados a esa agrupación, a pesar de que cuentan con permiso hasta 2022.
Con base en la querella, los afectados acusaron a Paul Moreno, Jorge Salcedo y Jorge Garduño de encabezar un operativo, el pasado 4 de marzo, “y con golpes, amenazas y ofensas” intentaron desalojar cinco locales, ubicados en el pasaje Zócalo-Pino Suárez.
Fidel Morán Guevara, permisionario e integrante de dicha asociación, asentó en su denuncia que dichos funcionarios actuaron “bajo el argumento de que debían pagar 100 mil pesos, pero cuando les mostré el recibo sobre ese pago, insistieron en que debíamos desalojar, ahora por cuestiones de seguridad y protección civil”, acusó.
El denunciante aseguró que el 7 de febrero pasado renovó la contraprestación del permiso hasta el año 2022, además, argumentó, cuenta con una sentencia de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, en el cual da validez al permiso y decreta la nulidad del oficio SGAF 50000/649/2019.
Explicó que dichos funcionarios, luego de que no pudieron desalojar los cinco locales, “nos acusaron de que no contamos con el permiso correspondiente. Pero al mostrarles todos los documentos, pagos y la sentencia judicial, respondieron que nada de eso tenía validez, sobre todo los amparos”.
Ante ello, señaló Morán Guevara en su querella ante la Comisión de Derechos Humanos local (CDH), “me amenazaron con que por su cuenta cerrarían los locales, pues buscarían alguna falla”.
Añadió que debido a la negativa de los empleados para ser desalojados, policías invadieron locales y sometieron a algunos locatarios.
Por ello, el afectado también presentó una querella ante la Secretaría de la Contraloría capitalina, además de que prevén denunciar ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por tentativa de extorsión, abuso de autoridad y ejercicio indebido de atribuciones y facultades.
