Morena
promueve instrumentos legislativos “perversos” e inconstitucionales, que vulneran el derecho a la propiedad privada y evidencian la incapacidad del Estado, para brindar vivienda digna a los capitalinos durante la pandemia, acusaron diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
El coordinador del blanquiazul, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que la iniciativa de Ley de Inquilinos que propone Morena, generará más ruido en el mercado y desalentará la inversión, ya que va en sentido contrario a lo que debería hacer el Gobierno local para alentar la actividad económica en medio de la pandemia.
“Lo que debe hacer la autoridad es impulsar una política de subsidios, para garantizar a la población el apoyo para las rentas, no obligar a los particulares a entrar en este estado de incertidumbre y tratar de mandar un mensaje de que apoyan a quienes arriendan un inmueble”, señaló.
Acusó que la iniciativa que Morena disfraza de que es una propuesta ciudadana, “cuando son sus diputadas –Martha Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama—las promoventes”, es una medida política que le habla a un sector de la población.
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“A veces las medidas que tienen buenas intenciones, mal instrumentadas generan efectos perversos y distorsiones de mercado que pueden ser muy graves”, destacó el panista.
Recordó que desde el año pasado, en la Cuenta Pública venía identificándose la caída en el PIB de la Ciudad, así como la contracción económica mayor que a nivel nacional, derivado de la caída en el mercado de la construcción, luego de diversas medidas equivocadas tomadas por la autoridad local en este sector.
Subrayó que el Gobierno de la Ciudad, se ha desentendido de usar los instrumentos del gasto público para apoyar la economía familiar y alentar la actividad económica, “pero ahora con la pandemia ha sido muy lento y regateado el apoyo”, acusó.
Por su parte, la diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos, integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, lamentó que la propuesta del grupo mayoritario tenga un objetivo ideológico, más que de política pública seria y sólida en favor de las familias capitalinas.
A su vez, el diputado Diego Garrido López, secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que esto es una “aberración” jurídica y que altera el principio de retroactividad de la ley.
“Nadie te puede privar de tus bienes si no es bajo un mandato judicial y esto, de facto, está privando del goce y disfrute de tu propiedad”, denunció.
De igual forma, comentó que la iniciativa de Morena, vulnera el derecho a la propiedad, ya que puede privar a cualquiera de sus inmuebles sin un mandato judicial de por medio, pues lo que hace es privar del disfrute de tu propiedad, vía una reforma ilegal.
Asimismo, pisotea principios básicos del Derecho Civil como la libertad contractual, al existir el contrato de arrendamiento que es una negociación entre dos particulares, donde la voluntad de las partes es la que debe imperar ante cualquier disposición.
En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Federico Döring Casar, advirtió que las reformas en materia de arrendamiento es una jugada de Morena, “para vender ideologías comunistas y quedar bien ante un grupo reducido de militantes, poniendo a los empresarios y desarrolladores como los malos del cuento”, enfatizó.
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“Esta propuesta tiene claro un objetivo electoral. Particulares no tienen por qué garantizar un derecho humano, eso es obligación de las autoridades, no de las personas que tienen un inmueble y lo arrendan para obtener, lícitamente, una contraprestación económica”, reiteró.
Apuntó que la propuesta de que, “en caso de emergencia nacional, desastres naturales y declaratorias de emergencia”, genere incumplimiento de contrato por parte de los arrendatarios y, en consecuencia, solicite la renegociación del contrato, no es más que un muy mal pretexto para meter otros temas a la iniciativa.
“Y es que la renegociación de contrato, puede hacerse en cualquier momento, cuando existe consentimiento de las dos partes. Es una propuesta ociosa”, criticó.
Explicó que no hay razón alguna para que la ley establezca que el arredamiento de vivienda deba ser, obligatoriamente, mayor a tres años, “pues son muchos los factores que influyen para en la decisión de una familia para rentar en un lugar u otro, uno de esos factores es el económico”, reiteró.
Por ello, se solidarizó con los empresarios y expuso que obligar a las familias a celebrar contratos de arrendamiento de vivienda por al menos tres años, no genera beneficios, por el contrario, les puede generar un perjuicio, en el caso de que disminuyan sus ingresos o simplemente decidan invertir en la adquisición de una propiedad.
Döring Casar señaló que la propuesta de que, en caso de lanzamientos ordenados judicialmente, deban notificarse con una anticipación de dos meses, implicaría que el juicio por incumplimiento de contrato hubiere iniciado al menos tres meses antes; es decir, que el arrendador habría estado casi medio año sin que el arrendatario hubiese cumplido con el contrato, pero sin poder hacer nada que le desocupen el inmueble.
Ante este panorama, los panistas afirmaron que darán la batalla y la defensa jurídica para evitar que se apruebe desde Comisiones esta iniciativa, “ya que se trata de una propuesta con un tinte electoral, populista y mediático, que sólo busca ganar adeptos violentando la Constitución”, afirmó.
shgm