El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), Julio César Bonilla Gutiérrez, considera que no fue del todo malo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya invalidado la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, pues con las nuevas normas “que seguro aprobará el Congreso local este jueves” dará oportunidad a la Ciudad de ser vanguardia a nivel nacional, pese a que llevamos cuatro años de rezago.
En entrevista con EL UNIVERSAL, destaca que estas nuevas leyes anticorrupción serán precedente para que incluso a nivel nacional se retomen por ser tan completas y robustas: “Es un reto y una exigencia de la capital más importante del país. Somos el corazón político, cultural, social y económico de la nación”.
No obstante, reconoce que la sentencia de la SCJN “afectó de manera importante lo que ya se había instalado, porque el Congreso local ya había designado a gran parte de los integrantes del Sistema Local Anticorrupción.
“Desde mi punto de vista, fue correcto. Ante una irregularidad, el proceso legislativo declara la inconstitucionalidad total de estas dos leyes, por lo que mandata al Congreso reponer todo el proceso”, reconoce.
—Claro. Aun cuando les afectó directamente la resolución, algunos de los ya nombrados podrían participar en la nueva selección.
Dice que si bien la Corte no se pronunció sobre el fondo de esta ley, sino en errores de aplicación en el proceso legislativo, ahora, en lo sustantivo, parece que las propuestas de los diputados Carlos Castillo y Guadalupe Chavira, de Morena, así como de Mauricio Tabe, del PAN, “corrigen lo que debe hacerse de aquí en adelante en el tema”.
Destaca que este desfase fue por una serie de fenómenos en la Ciudad, tanto sociales como políticos, e incluso naturales, como el sismo de 2017, además de la elección de 2018 o la llegada de un nuevo gobierno.
—Exacto. Es correcto. La Corte puede, desde su atribución judicial. Fue un error del procedimiento parlamentario, y naturalmente, ante la ausencia de una convocatoria, se vulneraba una serie de principios de base constitucional, entre ellos el de Certeza Jurídica.
Añade que puede tomarse como referencia la ley anterior, “pero revisando las iniciativas presentadas, las corrigen y las mejoran. En algunos casos es mejor hacer una corrección de origen, porque cuando la SCJN notificó al Congreso su resolución, se abrió una serie de especulaciones respecto a los alcances”.
Por ello, acepta que el Congreso local va a reponer la base legislativa, pero también los nombramientos.
“Eso me parece un acuerdo parlamentario para identificar cuándo se va a elaborar una nueva convocatoria para la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, del Comité de Participación Ciudadana y los órganos internos de control; es decir, van a reponer todo el procedimiento. Con ello, ahora es atribución del Consejo Judicial Ciudadano el nombramiento del fiscal de anticorrupción”, recalca.
Ante esto, el presidente del Info estima tener la totalidad del sistema en los próximos tres meses.