Dos hombres y una red de empresas
La investigación federal coloca a dos empresarios, Rigoberto Contreras Cortés y Martiniano Rodríguez Sánchez, en el centro de este entramado de compañías.
El pasado viernes Martiniano Rodríguez fue asesinado en la Colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a metros de la oficina donde estaban registradas todas las empresas con las que los documentos federales lo relacionaban. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que el asesinato fue realizado por dos sicarios que viajaban en motocicletas y que podría estar vinculado a su rol dentro de una empresa que dio servicio a la Secretaría de Finanzas de la CDMX en el gobierno anterior. Una fuente de alto rango de la Fiscalía dijo que fue un ataque directo, una ejecución, y que los peritajes están en curso.
Martiniano Rodríguez Sánchez era presidente del Consejo Internacional de Empresarios y accionista de JBGG Investment, una empresa que tiene la misma dirección que JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y que una tercera empresa, Proyectos Complejos de Atlántico SCP. Esta última recibió depósitos entre agosto de 2017 y junio de 2018 por 327 millones de pesos de JJ Accounting & Legal Matters SA de CV. Proyectos Complejos de Atlántico SCP recibió también en el mismo periodo 136 millones de pesos de Profesionistas Moliel SA de CV, una de las empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas con un contrato adjudicado el 18 de mayo de 2018 por 290 millones y un servicio de ocho días.
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Rigoberto Contreras Cortés es accionista, representante legal y apoderado de Freight Ideas SA de CV, que recibió 50 millones de pesos del gobierno de la CDMX por un contrato entre el 18 de mayo al 31 de diciembre de 2018 para el servicio de emisión de comprobantes digitales por internet (CFDI) “así como las adecuaciones para su óptima operación”. Contreras Cortés ostenta los mismos cargos en Diseño y Desarrollo en Soluciones Tecnológicas SA de CV, que en junio de 2018 recibió cuatro millones de pesos en una transferencia por parte de JJ Accounting & Legal Matters, SA de CV. Un mes antes, esta última empresa recibió 406 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México por un contrato de ocho días. El servicio prestado fue asesoría legal, fiscal e informática para la recuperación de impuestos sobre la renta retenido a trabajadores por honorarios asimilados a salarios en 2018. Rigoberto Contreras también trabajó en 2017 en Asistencia Contract SA de CV, que desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018 envió 20.5 millones de pesos a JBGG Investment SAPI de CV.
El último contrato fue dado a Olivera Méndez y Asociados SC por 232 millones de pesos del 28 al 31 de diciembre de 2017. Meses más tarde depositaría 69 millones de pesos a Nilrem SA de CV, que también recibió en esas fechas 27 millones de pesos de Grupo Proyecto del Atlántico. Esta empresa comparte el mismo teléfono que Profesionistas Moliel, Proyecto Complejo de Atlántico y JJ Accounting & Legal Matters SA de CV.
Un alto cargo que trabajó en la Secretaría de Finanzas explicó que este tipo de contratos comenzaron cuando Miguel Ángel Vázquez pasó de la Oficialía Mayor a la Secretaría de Finanzas a finales de 2017. A Vázquez lo describió como “una persona golpeadora pero leal a sus jefes”.
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Fuentes cercanas a la misma secretaría aseguraron que algunas de las empresas beneficiadas fueron presionadas por funcionarios públicos para realizar varios depósitos, de entre siete y 15 millones de pesos, a determinadas cuentas.
En junio de 2018, tres meses después de la salida de Miguel Ángel Mancera del gobierno de Ciudad de México, el equipo de investigación de la periodista Denise Maerker publicó un reportaje en la que revelaba que JJ Acounting & Legal Matters SA de CV, la compañía beneficiada con 406 millones de pesos por un trabajo de una semana, no tenía oficinas. En el mismo periodo otros medios reportaron que Profesionistas Moliel SA de CV cerró después de cobrar el contrato con la Secretaría de Finanzas.
Las liquidaciones
Dos de las cuatro empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas se disolvieron el 19 de febrero de 2019. Según sus actas de liquidación, JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y Profesionistas Moliel, que en conjunto recibieron más de 700 millones de pesos, cerraron diez meses después de firmar los contratos con la Sefin. Meses antes los socios de otras dos empresas, Proyectos Complejos de Atlántico y Nilrem SA de CV, que eran utilizadas en el entramado para recibir y enviar depósitos millonarios, también liquidaron estas sociedades. Las cuatro compañías fueron liquidadas por el mismo representante legal.
Estas cuatro empresas formaban parte del entorno de Martiniano Rodríguez Sánchez, que poseía once marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Rodríguez tenía participación en estas empresas con diferentes roles como accionista y también como beneficiario de las transacciones millonarias que las mismas sociedades se depositaban entre ellas.
Estos reporteros buscaron a Contreras Cortés a través de las empresas beneficiadas para pedir un comentario sobre estos contratos y sus conexiones con las diferentes compañías de la red. Se envió un correo sin respuesta a Freight Ideas SA de CV, donde Rigoberto Contreras Cortés es representante legal y se llamó a las oficinas sin una respuesta.
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El representante de Olivera Méndez y Asociados explicó que desde 2018, cuando la empresa saltó a los medios por su contrato con la Sefin, el despacho ha sido investigado por distintas autoridades judiciales y tributarias sin que se detectara ninguna irregularidad. Además, aseguró que no conoce las empresas con las que lo relaciona la investigación federal.
Miguel Ángel Mancera respondió a las preguntas sobre si conocía estas actividades de la misma forma que en las dos anteriores entregas de esta serie: que la obligación de las autoridades de Ciudad de México es investigar.
José Ramón Amieva, actual presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, dijo que solo supo de la existencia de estos contratos por la prensa: “Sentí que se me fuera el alma, que se me bajara la sangre”. Y añadió que no conocía a los empresarios señalados en esta investigación.
“La responsabilidad va sobre quien sabía a lo largo del gobierno y toleró”, dijo sobre su etapa como exjefe del Gobierno de CDMX. Amieva, además, aseguró que en el momento de entregar posesión a su sucesora en el puesto, Claudia Sheinbaum, tuvo que negarse a firmar varios documentos de la anterior administración, porque de lo contrario ahora se encontraría “en un proceso de explicación”.
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Dólares, Suiza y prisión
Este reportaje es parte de la serie “Club de Mancera” de MCCI y Dromómanos.