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Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, exigió redefinir los protocolos de actuación que siguen los elementos de seguridad hacia menores de edad y que se castigue a los culpables por violar los derechos humanos de Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la Preparatoria 8, quien fue detenido el pasado martes 23 de enero y localizado cinco días después.
A nombre del Consejo Universitario, el rector pidió esclarecer el caso y castigar a los responsables.
“Necesitamos levantar la voz en la forma de un desplegado, subrayando la necesidad que se esclarezcan los hechos, se castigue eventualmente a los responsables y se redefinan los protocolos de actuación, particularmente hacia los jóvenes, y asegurarles a la familia de alguna manera el acompañamiento en la atención de salud y sicológica”, dijo.
Tras cinco horas de trabajos, consejeros universitarios tomaron la palabra para mostrar su inconformidad por lo ocurrido al joven y aprobaron publicar un pronunciamiento en el que exigirán a las autoridades el esclarecimiento del caso, por lo que Graue Wiechers propuso que el área de Comunicación Social de la UNAM publique un pronunciamiento donde se exigirá justicia en el caso.
En reunión con medios a su llegada a la Antigua Escuela de Medicina, el rector afirmó que la comunidad universitaria se siente indignada por el caso del estudiante de la Preparatoria 8 debido a que consideró que fue una violación a los derechos humanos.
“Hemos venido acompañando el caso de Marco Antonio desde un principio y estamos muy indignados; desapareció inicialmente y luego muy satisfechos de la respuesta de la comunidad universitaria, de la ciudadanía y de las autoridades para su localización. Hoy seguimos muy preocupados por su salud”, dijo.
Graue Wiechers aseguró que es preocupante que se criminalice a la juventud e informó que el martes platicó con el director del Instituto Nacional de Pediatría (INP) para conocer el estado de salud del universitario y “aparentemente va mejorando”. Por la noche, en un comunicado, la UNAM reiteró que se deslinden las responsabilidades como consecuencia de la falta de seguimiento de los protocolos hacia menores de edad.
