En 2011 fueron rescatadas 62 víctimas de trata dentro del predio conocido como La Pasarela, ubicado en el número 89-A de la calle Santo Tomás, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. Ahora ese inmueble es uno de los comedores comunitarios de la Ciudad de México, luego de que el Gobierno capitalino obtuvo una sentencia favorable en el juicio de extinción de dominio para ese sitio.
Desde 2012 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) ha promovido 225 inmuebles para la extinción de dominio, mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, de estos casos, 126 fueron por narcomenudeo, 49 por robo a vehículo, 36 por trata de personas y 14 por secuestro, informó la titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, Celinda Mireya Leiva Muñoz.
“El ejercicio de la acción de extinción de dominio se lleva en esta procuraduría, toda vez que va en contra de aquellos inmuebles que están relacionados con algún delito como es el de secuestro, trata de personas, robo de vehículo y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. El MP es quien se encarga de investigar y perseguir estos casos”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
De acuerdo con las reformas a la ley de extinción de dominio realizadas en 2017, para diciembre de este año a esta medida se agregará el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que se espera una mayor recuperación de inmuebles.
El procedimiento para recuperar estos predios consiste en que una vez que el Ministerio Público agota su investigación en los delitos de narcomenudeo, robo a vehículo, trata de personas y secuestro, manda un desglose del expediente a la Fiscalía de Extensión de Dominio.
Ahí se abre una carpeta administrativa sobre el predio mediante el cual se preparará este mecanismo para tener los elementos de prueba y declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos a los dueños y adjudicarlos al Gobierno capitalino.
“Para demandar al dueño del inmueble ante el juez civil especializado en esta materia, que es a través de una demanda, se lleva el procedimiento en los juzgados y una vez que se concluye, el juez puede emitir una sentencia a favor o en contra del Gobierno de la Ciudad de México, si es a favor, el inmueble pasa a ser del Estado, se lo adjudica y a través de su Oficialía Mayor y la Dirección de Patrimonio Inmobiliario, lo promueven entre las dependencias para ver cuáles tienen más necesidad de usarlo”, comentó.
Sobre este proceso se han promovido los 225 inmuebles que todavía están en proceso de adjudicación en los tribunales, otros 33 fueron adjudicados durante la administración que está por salir, principalmente en Iztapalapa, donde se rescataron 60 inmuebles; 32 en Gustavo A. Madero; en Cuauhtémoc 31; 15 en la delegación Coyoacán; en Miguel Hidalgo 13 y el resto en las demás delegaciones.
Predios pendientes
Sin embargo, también hay pendientes 12 predios que ya están a disposición del Gobierno capitalino, pero, aseguró la fiscal, esos serán puestos a disposición para la administración de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum.
“Esos ya los tiene adjudicados el Gobierno de la Ciudad, pero se lo dejarán a la siguiente administración para que ellos decidan qué dependencias los van a utilizar, entonces ya se les quedó para la siguiente administración”, expuso Celinda Mireya Leiva.
Señaló que esta medida realmente sí ha funcionado desde su implementación en 2008, e incluso ha sido vanguardista en comparación con otros estados, pues se ha tenido un amplio número de predios, y además ya se han logrado construir edificaciones en apoyo a la comunidad.
Uno de los ejemplos son algunos predios que fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, misma que los ha ocupado para colocar estaciones de policía, como en el sector Ronda, en la colonia Hipódromo de Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc, donde fue utilizado un predio recuperado por el delito de robo a vehículo; también en el sector Jardines de San Lorenzo, en Iztapalapa, cuyo inmueble expropiado en 2010 por el delito de trata de personas y en el sector Cerro Azul, también en la delegación Iztapalapa, en cuyo espacio era utilizado para el secuestro y robo de vehículos.
La Secretaría de Desarrollo Social capitalina también ha recibido algunos predios, mismos que han sido ocupados para albergues y comedores públicos. Uno de ellos en el Hotel Buenavista, que fue utilizado para la trata de personas y ahora es un espacio en el que se proporciona apoyo de vivienda en renta a bajo costo, atención educativa e interinstitucional a mujeres, hombres, niñas y niños de hasta 12 años, que pertenecen a poblaciones en situación de calle.
En la delegación Iztacalco se utilizó una de las propiedades que fue expropiadas por el delito de robo a vehículo para construir el Centro Especializado para la atención del Alzheimer y en la Colonia Centro una casa donde se ejercía la trata de personas, ahora es uno de los comedores comunitarios de la Ciudad de México.
En el caso de la Procuraduría General de Justicia local, un inmueble en la colonia Ixtlahuaca, en Iztapalapa, que era ocupado para realizar delitos como robo a vehículo, ahora es uno de los Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México víctimas de violencia.
“También hay varios departamentos que aseguran que son del Invi, se los regresan a esa dependencia y los vuelve a vender. O hay algunas, por ejemplo, que el Gobierno de la Ciudad decide venderos y con ese dinero, aplicarlo a algunas obras públicas y sociales”, explicó la funcionaria capitalina.
Fallos en contra
Pero el resultado para que estos inmuebles sean del Gobierno no siempre es favorable, pues hay ocasiones en que se dificulta para la fiscalía, principalmente cuando se demuestra que los inmuebles son rentados por los delincuentes o cuando un juez decide absolver a los imputados.
“En los inmuebles que son rentados es difícil acreditar que el dueño tenía conocimiento que ahí se estaba cometiendo un delito, esto se nos ha dificultado, de hecho se emitió una jurisprudencia a partir de 2014, en donde la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, para acreditar que el dueño del inmueble tenía conocimiento que ahí se cometía el hecho ilícito, que actuó de mala fe, eso es lo que se ha dificultado un poco, porque nosotros tenemos la carga de la prueba.
“Otro tema es que nosotros vamos paralelos a la sentencia penal, muchas veces los jueces liberan a los sujetos que en su momento fueron detenidos, la sentencia penal sale absolutoria, entonces ya el hecho ilícito no se acreditó plenamente, entonces el dueño del inmueble gana”, explica.
La funcionaria refirió que de estos casos han tenido aproximadamente 90, la mayoría porque en el juzgado el dueño logró acreditar que él actuó de buena fe, que rentó el inmueble y que no tenía conocimiento de que ahí se hubiera cometido un hecho ilícito.