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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, aseguró que reforzará la independencia judicial y que no habrá regateos de tiempo, recursos o interés institucional, y enfatizó que a lo único que se someten los juzgadores es a la ley, la cual garantiza la autonomía del órgano jurisdiccional.
Durante su primer informe de labores el magistrado presidente destacó el grave problema del déficit presupuestal de las finanzas del Poder Judicial, agravado por el terremoto y el impacto que significa la pérdida de espacios de la magnitud de 55 mil metros cuadrados; aseguró que seguirá con la demanda de recursos económicos frente al Poder Ejecutivo y Legislativo.
“Es necesario que en las modificaciones legales que afecten al Poder Judicial se hagan con la correspondiente asignación de recursos financieros entre ellos las reformas en materia de oralidad penal, civil, mercantil y familiar, y recordar la inminente reforma laboral, en la que se habrá de caminar, juntos, autoridades federales y locales, en su implementación”, comentó.
Con la presencia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y otros funcionarios federales y locales, Pérez Juárez hizo un balance de su gestión y refirió que el TSJ local tiene una de las mayores cargas de trabajo a nivel nacional; su tasa de expedientes ingresados es de tres por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 1.7.
Abundó que en 2016 el total de expedientes ingresados en primera instancia ascendió en los poderes judiciales locales de todo el país a más de 2 millones, de los cuales el órgano judicial capitalino concentró 13.6 %, esto es, más de 277 mil asuntos.
Informó que se cuenta actualmente con un total de 385 jueces, de los cuales 55% están adscritos al sistema tradicional de justicia y 44 % en el sistema oral.
Sin embargo, refirió que en la capital ejercen su función cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, pese a que los estándares internacionales indican que el número aconsejable debe de ser de 17 impartidores de justicia por cada 100 mil habitantes.
“Lo anterior es un reto no solamente de orden financiero; es necesaria, además de los recursos salariales, logísticos, administrativos, una labor titánica de formación y capacitación”, precisó.
