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El coordinador parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa, Israel Betanzos, llamó al presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, a desatorar la iniciativa de ley para ordenar el comercio popular en la vía pública.
“Le voy a pedir al diputado que podamos revisar y desatorar esta iniciativa de ley porque no puede quedarse eternamente en comisiones, por lo que estaré tocando base con él para discutirla y aprobarla antes de que concluya este año”, adelantó el asambleísta.
Después de que la líder de comerciantes informales en el Centro Histórico, Alejandra Barrios Richard, amagara con convertir las calles de la Ciudad en campos de batalla si antes no hay diálogo para reubicar o buscar otra alternativa de trabajo para este sector, Betanzos se pronunció en contra de una política del garrote.
“No le apuesto a que no pase [la iniciativa], tampoco veo viable una política del garrote, creo que tiene que haber diálogo porque es gente que vive de este empleo”, recalcó el líder priísta.
Por ello, confió en que a la brevedad haya diálogo, paciencia, tolerancia y que se busque un esquema donde tanto el gobierno central como la gente que vende en la vía pública sean beneficiados.
El legislador local señaló que los informales carecen de un marco normativo que regule sus actividades y les genere derechos y obligaciones.
“Es tiempo de sustituir criterios personales que se aplican a esta honorable actividad por una ley emanada de la Asamblea Legislativa de la capital que permita su actividad bajo estándares que tienen que cumplir como el hecho de pagar impuestos por sus espacios permitidos”, comentó.
La iniciativa de ley fue presentada a principios de octubre y fue turnada a las Comisiones de Administración Pública Local y de Abasto y Distribución de Alimentos.
En la capital del país, tan sólo 16% de la población económicamente activa se dedica al comercio informal; por ello Betanzos precisó que la iniciativa tiene el propósito de otorgar certeza jurídica a los comerciantes populares, respetar la libertad de asociación y de representatividad, eficientar los programas de regularización y reordenamiento en la vía pública.
“Se establecen los derechos y obligaciones de los comerciantes, es decir el derecho a ser incorporados a los programas de seguridad social, en tanto que los involucrados están obligados a mantener limpios sus lugares de trabajo, pagar el servicio de energía eléctrica, sus contribuciones y derechos por el uso de la vía pública”, explicó.