Por irregularidades en el procedimiento legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, aprobado durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Por unanimidad, el pleno de la Corte coincidió en que la extinta Asamblea Legislativa incurrió en vicios procedimentales al momento de emitir las leyes que conforman el Sistema Anticorrupción capitalino, en julio de 2017.
Por ello, declaró inconstitucionales la ley del sistema y la orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas en la capital del país, como propuso el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Además, se declaró la invalidez de las reformas posteriores realizadas a la Ley del Sistema Anticorrupción de abril de 2019, como la más reciente publicada este mes.
La resolución fue emitida en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por integrantes de Morena en la Asamblea Legislativa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Corte concluyó que al aprobar la Ley del Sistema Anticorrupción y la Orgánica de la Fiscalía Especializada en la materia, los dictámenes no fueron repartidos entre todos los integrantes de la Asamblea Legislativa local, con las 48 horas de anticipación requeridas por ley para analizar y debatir las iniciativas.
Además, no existió ninguna justificación para no repartir los dictámenes y con ello exentar a los diputados de la lectura de los mismos para la aprobación de las leyes.
El fallo de la Corte sólo invalida los actos que pudieran derivar en un futuro de la aplicación de la Ley del Sistema Anticorrupción, no así los que ocurrieron con anterioridad a la sesión de ayer; debido a que los ministros no entraron al estudio de la constitucionalidad de los artículos de las leyes que declararon inválidas, sólo tomaron en cuenta la forma en la que fue creada.
La resolución no establece un término fijo para que el Congreso capitalino emita nuevas leyes.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que no hay incertidumbre legal y que se está combatiendo a la corrupción desde que inició su administración.
Luego de inaugurar el Pilares Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la mandataria explicó que es una resolución de una petición de inconstitucionalidad que se envió a la Suprema Corte por los diputados de Morena en la legislatura pasada, por una ley que había mandado el jefe de Gobierno en turno.
“Fue aprobada por el Congreso y, como se denunció en su momento, violaba la Constitución; pero no sólo eso, repartía cuotas a todos los partidos políticos y la corrupción no se combate con cuotas, sino con un esquema distinto, profesional y eliminándola de arriba para abajo (...). Pero la actual Legislatura modificó la ley y ya toma en cuenta la mayor parte de lo que solicita la Suprema Corte”, comentó.
Destacó que la legislación que aprobaron en su administración la presentarán como una nueva ley.
Sheinbaum Pardo adelantó que ya está viendo los nombramientos con el consejero Jurídico capitalino, Néstor Vargas, para identificar qué implicaciones tiene la anulación.