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david.fuentes@eluniversal.com.mx
La Procuraduría General de Justicia local (PGJ) investiga —además del presunto reclutamiento de migrantes por cárteles locales— la actividad delincuencial de los extranjeros que han hecho una escala en la Ciudad y que arribaron en las caravanas procedentes de Centroamérica.
En este sentido, se dio a conocer también un repunte en las detenciones de salvadoreños y hondureños, principalmente, durante el último semestre, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Las detenciones fueron en su mayoría por robo a casa-habitación, a transeúnte y a transporte público. En el rubro de narcomenudeo, cuatro personas fueron detenidas con posesión de droga.
Los datos de la SSC revelan que los imputados caminaban por las calles de la Ciudad sin documentos o identificación que demostrara su legal estancia en el país, o registro de la fecha en la que ingresaron.
Lo anterior se convierte en un problema para las autoridades locales, pues los imputados burlan la ley, ya que no hay un registro de ellos, se desconoce su procedencia e, incluso, si en su país de origen tienen problemas con la ley.
Registros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino revelan que de los 15 migrantes consignados en este semestre, apenas tres llegaron a prisión.
Los demás quedaron en libertad al considerarse que los delitos que cometieron no ameritan la prisión preventiva oficiosa. Al respecto, la procuradora local, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que una vez que la dependencia investigadora tuvo conocimiento del incremento en los delitos en los que al parecer están involucrados migrantes, ordenó que se esclarecieran.
Reveló que trabajan con instancia federales para evitar que el arribo de los migrantes se convierta en un problema más grave: “Hay una investigación fuerte desde el punto de vista de personas extranjeras que delinquen y tenemos contacto con el Instituto Nacional de Migración [INM] para ver las acciones que estamos tomando”.
Sobre esa problemática, Roberto Martínez, activista en pro de los migrantes, explica que la condición en la que esas personas llegan al país es muy vulnerable, pues no solamente están a merced de los grupos delincuenciales, sino también de las autoridades: “El problema es más grave de lo que se ve, si aquí los reclutan, en el norte los asesinan. A ellos nadie lo defiende ni se preocupan y hay que ser muy enfático en esto: no todos son delincuentes o cuentan con antecedentes penales.
