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diana.fuentes@eluniversal.com
El Congreso de la Ciudad de México que entrará en funciones en septiembre próximo tendrá la disyuntiva de sacar adelante el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), pero después de llevar a cabo una consulta a los pueblos indígenas, porque la causa real por la que no procedió este proyecto fue la ausencia de una consulta pública.
Así lo constatan una serie de oficios en poder de EL UNIVERSAL, en los que se revela que el Gobierno de la Ciudad de México no solicitó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la realización de una consulta, además de que consta en la Comisión de Derechos Humanos capitalina más de 10 quejas por esta omisión, sin que se emitiera alguna recomendación a la fecha.
Ante lo que consideraron una incompetencia del gobierno capitalino, integrantes del pueblo de El Contadero interpusieron una serie de amparos ante distintos juzgados en materia administrativa.
De acuerdo con Bernar Flores, de la ONG Kosmo Publicus, “la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas inició en abril el proceso de consulta indígena del PGDU 2018-2030 a solicitud del pueblo originario de El Contadero”.
Recordó que el problema del PGDU, uno de los temas más polémicos de la Séptima Legis- latura, empezó cuando fue ignorada la existencia de 143 pueblos originarios y sus miembros, reconocidos por el mismo gobierno capitalino, violentando los derechos fundamentales de los indígenas, que es el de opinar.
Esta comunidad exigió ser escuchada y consultada, por lo que también reclamaron a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en ese entonces a cargo de la panista Margarita Martínez Fisher, a través de las audiencias publicas de julio del año pasado.
Ahí, se hizo del dominio de los diputados locales que se violaron sus derechos colectivos de los indígenas, por lo que demandaron la realización de consulta previa, libre e informada sobre el PGDU.
Flores, quien también pertenece al pueblo originario de El Contadero, en Cuajimalpa, señaló: “En marzo de este año se exhortó al ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, retirara el proyecto, que había entregado cuatro días antes a la Asamblea Legislativa capitalina”, puesto que se había omitido efectuar la consulta correspondiente en los términos que prevé el Convenio 169 de la OIT.