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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
La Contraloría General de la Ciudad de México tiene abiertas 27 investigaciones por supuestas irregularidades cometidas por servidores públicos , durante el proceso electoral 2018 .
El contralor capitalino, Eduardo Rovelo precisó que entre las dependencias involucradas en estos casos están la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX), así como las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Xochimilco.
“Lo importante es que quienes presenten sus quejas aporten los elementos necesarios, nosotros aperturamos y tenemos obviamente por obligación citar al servidor público y en términos de legalidad otorgarle su derecho a audiencia, admitir sus pruebas y desahogar el procedimiento. Con el nuevo sistema de responsabilidades, que es una buena oportunidad, podemos calificar la falta como no grave, grave o incluso dar vista por un acto de corrupción”, indicó.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa, Rovelo Pico precisó que de comprobarse estas irregularidades, las sanciones podrían derivar hasta la separación del cargo e inhabilitación por 20 años.
“Inclusive candidatos o miembros de equipos de campaña serían sancionados de acuerdo al nuevo marco jurídico en materia de responsabilidades”, advirtió.
Cuestionado sobre el anuncio que hizo la candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, respecto de que trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México trabajarían en sus días libres, como brigadistas a favor de su campaña, el contralor dijo que de inicio se tiene una investigación para determinar si existen elementos para que “realmente sea un tema jurídico y no político”.
“Como servidores públicos no (pueden participar en la campaña) esa sería la respuesta tajante”, agregó.
lsm
