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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) obtuvo de un juez de control dos órdenes de aprehensión en contra de la dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas. Una es por el uso de documento falso y la segunda, por homicidio culposo diversos 26; hechos derivados después del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, donde 19 niños murieron.
En este último delito a la directora se le imputa la muerte de 26 personas, entre ellos siete adultos, al colapsarse un edificio de la escuela.
Es de mencionar que García cuenta con una suspensión provisional en contra del delito de homicidio culposo, no así por la falsificación del permiso de uso de suelo, por lo que podría ser detenida en cualquier momento. Portratarse de un delito no grave puede solicitar llevar su proceso en libertad, aunado a que su abogado, Javier Coello Trejo, anunció que también tramitará un amparo.
Ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que entregó todo el expediente del Colegio Enrique Rébsamen a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para integrarlo a la carpeta de investigación que abrió por este caso.
El titular de la SEP, Aurelio Nuño, explicó que para otorgar los permisos para que una escuela opere, además de lo académico, la dependencia está obligada a revisar otro tipo de documentación.
“Hemos cooperado con la investigación que hace la procuraduría de la Ciudad de México, entregamos íntegro el expediente que tenemos de la escuela, que es un expediente muy grande donde están todas las supervisiones escolares que se hicieron.
“La Secretaría de Educación Pública está obligada a verificar que la escuela tenga un dictamen de seguridad estructural, avalado por la autoridad correspondiente y lo tenía la escuela; contaba con el uso de suelo, avalado por la autoridad correspondiente, así como con el plan de protección civil respaldado también por la autoridad correspondiente”, explicó.
Mencionó que el colegio contaba con toda la documentación en regla para operar y que estarán al pendiente de la resolución de la procuracuría capitalina.
