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El proyecto de las dos plantas de procesamiento de basura para obtener energía eléctrica requirió una garantía financiera, con recursos públicos, de 3 mil 600 millones de pesos anuales durante los próximos 30 años, que es el tiempo que durará la concesión a la iniciativa privada para su consolidación.

El titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, Jaime Slomianski, detalló que ese monto se “reservó” como garantía del pago que el gobierno capitalino cubrirá a la empresa Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V., que posee la concesión de la planta de termovalorización por tres décadas.

El monto se obtendrá de los remanentes que hay en el fideicomiso que sirve de garantía, a su vez, para el pago del contrato de la renta de los trenes de la Línea 12 del Metro.

Una vez que se paguen con el presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de la Dirección General de Servicios Urbanos y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) por concepto de energía eléctrica, esa “reserva” se liberará y se reintegra a la bolsa general del presupuesto del gobierno capitalino.

“Hay un remanente de 10 mil 500 millones de pesos, del que se reservaron 3 mil 600 millones. Es dinero que sólo va a ser garantía para el pago como de Termo como de Bio”, expuso el funcionario.

Con esto, dijo, la empresa Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V-Veolia podrá lograr el cierre financiero que se necesita del proyecto para avanzar en la construcción y puesta en operación de la planta de termovalorización que se pretende procese 4 mil 500 toneladas de basura diarias, transformarla en energía y vendérsela al Metro.

Slomianski apuntó que sin esa garantía financiera, el proyecto de las plantas no se hubiera caído, pero “hubiera costado mucho trabajo al prestador del servicio hacer su cierre financiero, entonces los bancos ponen muchas trabas”.

Una de las cláusulas del contrato establece que si no se logra el cierre financiero en un determinado tiempo, el gobierno puede rescindir el convenio y no hay obligación de las autoridades locales de indemnizar a la sociedad mercantil.

En el pleno de la Asamblea Legislativa, en medio de un zafarrancho entre diputados del PRD y Morena, se avaló que esos remanentes federales se usen como garantía de pago de los proyectos de las plantas de termovalorización y biodogestión, cuyo fin es evitar que se lleven al Estado de México más de 8 mil toneladas de basura.

En el dictamen aprobado, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se establece que para la primera se necesitan 2 mil 316 millones 179 mil 310 pesos anuales durante 30 años. La cantidad que se debe “reservar” son 69 mil 485 millones 379 mil 310 pesos por ese lapso.

Mientras que en el caso de la planta de biodigestión —en proceso de licitación— los diputados locales reservaron mil millones de pesos anuales durante 25 años para lo que será esa planta, que venderá energía al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

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