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La Procuraduría General de Justicia (PGJ), a través de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, detendrá mensajes de hostigamiento, amenazas o que vulneren la integridad de las mujeres, a través de redes sociales.
Autoridades capitalinas comentaron que en cuanto una usuaria detecte un mensaje de odio a través de plataformas como Facebook y Twitter, podrá reportar el contenido a través de las páginas sin necesidad de que haya una denuncia; información que pasará a la Policía de Investigación (PDI), para que bajen los contenidos con violencia de género.
La directora de Gobierno Abierto de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Dulce Colín, explicó a EL UNIVERSAL que las usuarias que se sientan agraviadas por dichos contenidos podrán, incluso, denunciarlo a través de Locatel para acelerar los procesos de cancelación de las publicaciones.
Dijo que aquellas personas que estén detrás de estos contenidos, podrán ser detectados a través de las plataformas de redes sociales, una vez que se hayan denunciado los hechos en algún Ministerio Público, para poder iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
La servidora pública dijo que lo anterior forma parte de las acciones que el Gobierno capitalino acordó con activistas y colectivos de mujeres, por lo que estas empresas dieron cursos a agentes de la unidad de ciberdelincuencia, a Locatel y la misma ADIP.
“Esta es una de las diferentes acciones inmediatas que anunció la jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum] el miércoles. Son acciones que no podíamos esperar a implementar y que se estarán ejecutando en los próximos meses, están pensadas de septiembre a diciembre, en lo que logramos una agenda de trabajo colaborativo con las mujeres de la Ciudad, con las activistas, con las expertas en los temas, y tener de verdad una agenda con una ruta de trabajo en los siguientes meses y años de esta administración; esto sólo es una parte para atender la violencia hacia las mujeres”, comentó.
La ADIP también comenzará a registrar estadísticamente la comisión de estos casos de violencia a través de redes sociales, para mantener un registro que lleve a mejoras en los procesos; en tanto, buscarán que la PGJ abra una agencia especializada en la materia para que se atienda de una manera específica cada uno de los casos.
Dulce Colín explicó que a pesar de que estas empresas se rigen bajo otras leyes, en la capital del país no habría algún conflicto con respecto a los datos personales de los usuarios, toda vez que al aceptar los términos y condiciones, esa información puede ser compartida en caso de una investigación.
Precisó que en la capital del país aún existe un “vacío legal” en cuanto a la tipificación de una violencia digital, por lo que aún examinan los “caminos a seguir”.
“Se ha mencionado que el Legislativo tiene un rol primordial aquí(...) que se siente a la mesa las diputadas y diputados, para que se consideren los mecanismos jurídicos de este tema”, dijo.
