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El gobierno federal oficializó la entrega de 34.1 hectáreas a la Agencia de Gestión Urbana (AGU), para la construcción y operación de las plantas de termovalorización y de biodigestión, proyectos sobre los cuales, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo.
“Ni la planta de termovalorización ni el digestor, se lo volvemos a decir al jefe de Gobierno [José Ramón Amieva] y a la Agencia de Gestión Urbana: no estamos de acuerdo con esos proyectos. Si siguen insistiendo nos iremos al tema jurídico”, advirtió Sheinbaum Pardo.
Según lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, los terrenos que se ubican en Texcoco, en el Estado de México, deberán ser utilizados exclusivamente para el desarrollo de ambas plantas.
“Si el Gobierno de la Ciudad de México diera al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido por este acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; o bien, lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien, con todas sus mejoras y accesiones, se retirará de su servicio para ser administrado directamente por este instituto”, precisa.
Las plantas son dos proyectos impulsados por el Gobierno capitalino, a través de los que se busca utilizar los residuos sólidos para la generación de energía eléctrica a favor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).
Para la Planta de Termovalorización El Sarape el Gobierno capitalino adjudicó la obra, por un plazo de 30 años, al consorcio Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V.-Veolia.
En el caso de la Planta de Biodigestión, el proceso de licitación fue suspendido, debido a un cambio de ubicación, respecto del predio en el que originalmente se tenía contemplada su construcción.
En entrevista, desde su casa de campaña, la jefa de Gobierno electa señaló que ambos proyectos “tienen muchísimos problemas jurídicos y es un endeudamiento excesivo para la Ciudad”, el cual alcanza los 13 mil millones de pesos, a pagar en un plazo de 33 años. Indicó que como parte de las mesas de transición fue presentado el proyecto y, aunque ya lo conocían, “no nos convenció”.
Como parte de la información que la AGU ha entregado al equipo de Sheinbaum Pardo están las bases de licitación, el contrato firmado para la construcción y operación de El Sarape, la manifestación de impacto ambiental, así como el estudio de prefactibilidad y bases de licitación de la Planta de Biodigestión.
No se dijo sorprendida de que en caso de echar abajo esta planta habría un costo para la capital: “Hay un pago de multa si es que no continúa el proyecto, pero todo está fundamentado jurídicamente de manera inadecuada y hay varios juicios”.
Aval. Por separado, el jefe de Gobierno de la Ciudad, José Ramón Amieva, afirmó que el futuro de ambos proyectos se definirá en las mesas de transición y para ejecutarse deberá “contar con la aprobación de quienes están en la mesa de transición y de la doctora Sheinbaum”
“Tanto la Planta Termovalorizadora como la Planta de Biodigestion están siendo analizadas y consensuadas con el grupo de transición. La decisión que se llegue para esos dos proyectos tendrá que ser una en donde el grupo de transición y la doctora [Claudia] Sheinbaum expresen su conformidad. ¿Por qué lo digo? Porque son proyectos que van más allá de este ejercicio”, afirmó.
