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No contar con los padrones de beneficiarios de programas sociales o no tener la documentación que soporte la entrega de las ayudas, así como adjudicar contratos sin autorización de los titulares de las demarcaciones, son parte de las observaciones que la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró en el ejercicio del gasto de las 16 alcaldías reflejado en la Cuenta Pública del 2019 .
El informe detalla que en Álvaro Obregón no se acreditó contar con la autorización expresa de la alcaldesa Layda Sansores para una adjudicación directa para la compra de calentadores de agua solar con tanque, y excedió los montos máximos de actuación para dicha contratación, por un importe de 31 mil 202 pesos.
Además no contó con un padrón de beneficiarios para ejercer el recurso y entregó los bienes a la ciudadanía después del ejercicio correspondiente; tampoco proporcionó evidencia de la supervisión de los servicios contratados para la rehabilitación y mantenimiento a nueve unidades habitacionales.
Magdalena Contreras no contó con los documentos que justificaran la entrega de apoyos por la cantidad de 7 mil 198 pesos mediante los programas sociales “Hogar Digno” y “En Comunidad la Familia es Primero”, operados durante 2019.
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Gustavo A. Madero formalizó el contrato núm. 02CD075P0135119 el 3 de octubre de 2019, por un monto de 8 mil 560 de pesos, previo a la emisión del dictamen y acto de fallo de la licitación pública nacional. Lo anterior para la adquisición de compactador doble rodillo y pavimentadora.
Tampoco acreditó que los bienes contratados por en una licitación pública nacional fueran entregados a la alcaldía, por lo que no se comprobó que el gasto de 22 mil 658 pesos de pesos fuera devengado.
En la alcaldía Cuauhtémoc no proporcionó evidencia documental de que las unidades habitacionales elegidas para recibir el apoyo en especie (“Instalación de calentadores solares”) estuvieran en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, Miguel Hidalgo no acreditó haber cumplido las metas y objetivos de las Reglas de Operación del Programa Social “La Empleadora”, para el ejercicio fiscal de 2019, ya que no programó de un inicio y efectuó una ampliación compensada para disponer de los recursos con que se cubrió la adquisición de los distintivos.
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“No cumplió las metas física-financieras estipuladas en las Reglas de Operación, ya que de la programación de 100 millones de pesos para el citado programa social, sólo gestionó la liberación de 96 millones 731 pesos , de los cuales 91 millones 758 de pesos fueron ejercidos y pagados a los beneficiarios”.
En la alcaldía Tláhuac se detectó que el sistema de control interno implementado por la presentó un nivel medio, por lo que es necesario mejorar su compromiso con la integridad del personal, la responsabilidad de la vigilancia, la respuesta al cambio y las actividades de control, que son áreas de oportunidad que fortalecen el control interno institucional.
Mientras tanto en Tlalpan y Venustiano Carranza se detectó que el sujeto fiscalizado no contó con la evidencia documental que respaldara el cumplimiento del objetivo de la atención ciudadana de dar respuesta oportuna y de calidad a las solicitudes recibidas, así como del grado de satisfacción generado.
Xochimilco se encontró que el sistema de control interno del sujeto fiscalizado alcanzó un nivel medio, ya que careció de mecanismos para verificar la observancia del personal de los valores éticos y las normas de conducta establecidas, y de una estructura para la rendición de cuentas.
Asimismo, no contó con la documentación soporte de sus recursos humanos, materiales y financieros, por lo que no fue posible evaluar la pertinencia en su administración de manera eficaz y eficiente en la operación del CESAC.
Las 16 alcaldías podrán responder a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en los siguientes días, las diversas observaciones encontradas en la Cuenta Pública 2019.
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