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El ex delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, acudió de manera voluntaria a la procuraduría capitalina, dependencia que lo requería por una denuncia que interpuso en 2016 la actual delegada Xóchitl Gálvez por supuestos desvíos de fondos y malos manejos cuando él estuvo al frente de la demarcación.
Romo aseguró que la dependencia nunca lo citó, pero como “nada teme”, acudió de manera voluntaria a la Fiscalía de Servidores Públicos.
Ahí, explicó el ahora morenista, tuvo la oportunidad de revisar a detalle el expediente y la investigación que lo acusa de peculado, una vez realizado esto, detalló que la autoridad no tiene nada contra él, “todo lo que se ha dicho es una mentira, un mitote, no tienen nada en contra mía, me requerían sólo en calidad de testigo.
“La denuncia es del mismo rollo de la señora Gálvez, es lo mismo, es puro rollo, el argüende clásico. No hay elementos, son casos cerrados, ya la contraloría en el tema del mercado Escandón ya lo determinó, en fin, es pura perdida de tiempo. Esto es una campaña política y una guerra sucia, solo estamos en calidad de testigos”, apuntó Víctor Hugo Romo.
Dijo que como parte de la campaña que tienen en su contra filtraron que lo habían mandado citar la dependencia investigadora; sin embargo, aseguró, a él no le ha llegado ningún documento. “Lo que sí es que le dijimos al fiscal que es muy grave que se esté filtrando la documentación e información a reporteros, que es muy grave y que es un delito, lo entendió y dijo que va a tomar cartas en el asunto y va a presentar una queja”.
Según la investigación contra Romo Guerra asentada en la carpeta FSP/B/UI-B-2C/D-2812/11-16 y con los datos proporcionados por la Contraloría de la Ciudad de México, se señala un quebranto al erario federal de más de 24 millones de pesos en el que supuestamente el ex delegado habría alterado los catálogos autorizados para las licitaciones de obra, en este caso, la remodelación de la sede delegacional.
Otro caso que podrían imputarle al ex delegado es el del Parque El Mexicanito, ubicado frente a los hoteles de Polanco, sobre Reforma, en el que la administración de Romo habría modificado y liquidado ilegalmente el contrato de casi 16 millones de pesos sin que se concluyera la obra.