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Este miércoles fue entregado a las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Administración Pública Local, Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Gobierno en la Asamblea Legislativa, un documento que contiene observaciones en torno a la iniciativa de Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.
El análisis fue hecho por la Comisión de Vivienda en el órgano legislativo local, que preside la priísta Dunia Ludlow, con el apoyo de urbanistas, académicos, arquitectos, así como de la sociedad civil a través del cual se plasman las limitaciones y deficiencias a subsanar en la iniciativa.
Una de ellas es que en la propuesta entregada por el Gobierno capitalino a la Asamblea ni siquiera se incluye un diagnóstico pormenorizado de las zonas afectadas por los sismos del pasado septiembre, lo que imposibilita saber con exactitud las demandas de atención que requiere la población.
En el estudio, que consta de 17 páginas, se cuestiona que la iniciativa sólo incluye estimaciones sobre la actividad económica en los polígonos afectados, pero no se hace ninguna aproximación al número de viviendas perdidas o afectadas, ni al costo de su reconstrucción.
Tampoco se revela el dictamen final de las causas que originaron el colapso o daño en los inmuebles, así como una versión pública de la investigación o la sentencia sobre el deslinde de presuntas responsabilidades de desarrolladores, vecinos y autoridades.
La asambleísta Dunia Ludlow recordó que el 10 de octubre de este año el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades la publicación de la información relacionada con las investigaciones sobre las causas de los derrumbes y que sería conveniente incluir como parte de las obligaciones de transparencia de esta iniciativa de ley.
Los expertos estiman necesario que en la iniciativa de Mancera tenga la descripción del procedimiento de revisión estructural de inmuebles, las versiones públicas del total de las evaluaciones estructurales preliminares realizadas por las brigadas interinstitucionales, así como los dictámenes gratuitos de seguridad estructural en centros educativos que exige la Secretaría de Educación Pública.
Sugiere además insertar la lista de los mil 500 Directores Responsables de Obra (DRO) con su número de registro ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de los corresponsables de Seguridad Estructural que llevaron o llevarán a cabo las segundas revisiones estructurales en inmuebles de alto riesgo.