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Juan Mario “N”, Director Responsable de Obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, firmó desde 2014 una constancia de seguridad estructural y el visto bueno en el que afirmó que el inmueble estaba en óptimas condiciones y podía aguantar un sismo.
Esto derivó en que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México le imputara el homicidio de las 26 personas (19 niños y siete adultos) que fallecieron en el derrumbe del colegio, ocurrido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la defensa de Juan Mario “N” desahogó tres medios de defensa consistentes en las testimoniales de Jorge Flores Rosas, Efrén Muciño Martínez y el dictamen pericial de Arturo Hernández Figueroa.
Los tres señalaron que la última constancia vigente al momento del sismo del 19 de septiembre llevaba la firma de Juan Mario “N”, en su carácter de DRO, y del corresponsable de seguridad estructural, Arturo “N”.
El dictamen pericial de Arturo Hernández Figueroa concluyó que el edificio presentaba modificaciones que pudieron afectar su estructura, como la colocación de una escalera, aunque debido a que desde 1983 contaba con una licencia para tener cuatro niveles, la construcción de estos no pudo implicar un peso excesivo.
“El edificio se cayó por el bombardeo de los sismos y la acumulación de los daños, además de las modificaciones que sufrió”, indicó el perito.
Flores Rosas, dedicado a la gestoría de trámites en materia de construcción, refirió durante su interrogatorio que Juan Mario “N” le llamó el 8 de septiembre de 2017, al día siguiente del sismo de 8.1 grados que sacudió a la capital del país, para pedirle ayuda para realizar la renovación de la constancia de seguridad estructural que él había firmado en 2014.
El Reglamento de Construcción establece que este documento debe ser renovado luego de un sismo y cuando la autoridad así lo determine.
El testigo refirió que al acudir al colegio a solicitar acceso para verificar el estado del inmueble les fue informado que había un nuevo DRO y les negaron la entrada, por ello fueron a la delegación Tlalpan, donde les informaron que no se había determinado la necesidad de renovar las constancias de seguridad estructural y que, de hacerlo, ya lo informarían mediante los canales correspondientes.
El testimonio de Flores Rosas coincidió con el de Efrén Muciño Martínez, presidente de la Asociación de DRO y Corresponsables y Peritos en Desarrollo Urbano de la Ciudad, quien explicó que conforme al reglamento los DRO no deben firmar la constancia de seguridad estructural sino sólo los corresponsables.
Los fiscales de la PGJ establecieron que en el Manual de Trámites de Tlalpan se establece que las constancias requieren la firma del DRO.
