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El pleno del Congreso local exhortó, por unanimidad, al Gobierno capitalino a que los remanentes “de libre disposición del ejercicio fiscal 2019, que aún no han sido ejercidos” –que, al parecer, ascienden a 10 mil millones de pesos—, sean canalizados para atender la emergencia sanitaria del Covid-19.
Además, los diputados exhortaron a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo a presentar un reporte de estos recursos en el siguiente Informe Trimestral y en la Cuenta Pública.
Sin embargo, en el dictamen ni la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales Rubio, así como ninguno de los otros 65 diputados locales, precisaron la cantidad real que el Gobierno capitalino debería canalizar.
Con base en el dictamen, quedó establecido que todos los años el Gobierno de la Ciudad reporta el 30 de abril, “la existencia de remanentes de ejercicios anteriores y estos han sido variables, pero no menores a 10 mil millones de pesos en los últimos años”.
La legisladora explicó que dichos remanentes “serán canalizados en su totalidad al combate de la epidemia Covid-19 y, especialmente, en personal médico y enfermería, así como para la habilitación de infraestructura hospitalaria y centros de atención”.
El dictamen detalla que 50% de ese dinero será para el personal médico y enfermería, mientras que el otro 50% para la habilitación de infraestructura médica en los hospitales y centros de atención de la Ciudad.
Ante esto, solicitan a la jefa de Gobierno pedir a las Unidades Responsables del Gasto (URG), “que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda conserve fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría de Finanzas dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”, dice el documento.
Además, las URG que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos financieros y que al 31 de diciembre no hayan sido devengados, “en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la secretaría dentro de 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones federales establezcan otra fecha”, señala.
