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Con escasos 23 votos a favor y 12 en contra, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para reformar la Ley de Residuos de la Ciudad de México que abre a la participación de empresas privadas el manejo integral de la basura.
Además, otorga atribuciones a la Agencia de Gestión Urbana en materia de manejo de residuos sólidos para quitárselos a la Secretaría de Obras y Servicios.
El documento aprobado faculta a las alcaldías para que informen a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) sobre las declaraciones de apertura, licencias y autorizaciones de funcionamiento otorgadas a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con el manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos.
Desde tribuna, el líder de la bancada del Partido Verde Ecologista en el órgano legislativo local, Xavier López Adame, defendió las reformas y aseguró que no se trata de una privatización de la basura, sino de garantizar al gremio de recicladores que los residuos pasen por las plantas de biodigestión, sin que pierdan su fuente de trabajo.
Destacó que en este dictamen se establece la obligatoriedad de que todo residuo generado en la capital del país antes de llegar a las plantas de termovalorización o de biodigestión esté obligado a clasificarse.
No obstante recalcó que quienes se dedican a la industria del reciclaje y recuperación de materiales tendrán protegida su labor, pues el objetivo es que primero se realice el proceso de recuperación de mate riales antes de llegar a su valorización energética final.
Morena en voz de la asambleísta Aleida Alavez lo rechazó tras aclarar que en el dictamen se da apertura total a la participación de empresas privadas en el manejo de los desechos.
Calificó como vergonzoso que la Asamblea Legislativa siga un proceso al revés para avalar los negocios del gobierno central, como lo es la planta de incineración de basura.
“Primero se inició la licitación, más tarde se firmó el contrato y al final, se están realizando modificaciones a la Ley para el correcto funcionamiento del negocio, qué pena”, manifestó la morenista.
Sostuvo que existe un contrato con la empresa Veolia para la construcción y operación de una planta incineradora, que además de obligar al gobierno a adquirir a un alto precio la energía eléctrica que se produzca y que estará destinada a alimentar al Sistema de Transporte Colectivo Metro, establece penalización en caso de que las administración capitalina no suministre las 4 mil 500 toneladas diarias de basura requeridas.
“No participaremos en la aprobación de un dictamen que va en contra de la Ciudad, en contra del medio ambiente”, aseveró.