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Una queja de habitantes del pueblo de Pochotillo, en Guerrero, y una denuncia penal en la procuraduría capitalina en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por robo, es el saldo que dejó la búsqueda de los policías Ubel Mora Gallardo y Ricardo de la Rosa, quienes fueron los que realmente detuvieron a Marco Antonio el martes 23 y quienes aparentemente lo golpearon antes de subirlo a una patrulla.
Según las primeras indagatorias del Departamento de Asuntos Internos de la SSPCDMX, estos uniformados, al momento de darse cuenta de su tropelía, escaparon de la Ciudad e intentaron esconderse de la dependencia para no rendir cuentas por sus actos.
Uno fue seguido hasta Guerrero, donde uniformados fueron detenidos por los pobladores de Pochotillo pues en la búsqueda de Ubel Mora irrumpieron cuatro viviendas —y aparentemente sin ningún mandamiento judicial— y fueron acusados de robar dos tabletas electrónicas, dos celulares, así como 2 mil pesos en efectivo.
El operativo fue encabezado por el superintendente de la SSPCDMX, Álvaro Sánchez, conocido como el Jefe Neptuno, quien una vez detenido por los pobladores, argumentó que lo buscaba para “notificarle una situación”.
Mientras que a Ricardo de la Rosa lo rastrearon hasta el domicilio de su madre en Tláhuac. Ahí, según la carpeta de investigación CI-FTH/TLH-2/UI-2S/D00129/01-2018, abierta por robo con violencia en la procuraduría local, 20 uniformados de la SSPCDMX irrumpieron en el lugar.
A decir de la hermana del oficial, los policías le arrebataron un teléfono celular con el que documentaba el atropello pues no tenían una orden judicial ni de arresto en contra de su hermano, incluso logró grabar que un mando de la SSP ordenaba todo desde la patrulla MX-004P1, por lo que la mujer exigió que su teléfono sea devuelto y los uniformados castigados.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en el caso del estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM se agotarán todas las líneas de investigación.
Insistió en que la investigación se realiza de la mano con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil.
