CDMX

Denuncian a Sheinbaum y a funcionarios por uso indebido de información privada

El diputado local del PAN, Federico Döring, reprobó que el Gobierno capitalino obligue, por disposición, a las empresas de telefonía a abrir su información  

Foto: Archivo
06/04/2020 |13:38Héctor Cruz |
Redacción El Universal
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Por los delitos de uso indebido de información privada , “que generan las empresas al Gobierno capitalino bajo el contexto de la epidemia mundial”, fue denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como funcionarios que cometen dicho ilícito.

Dicha querella la presentó el diputado local del PAN, Federico Döring Casar , al precisar que el gobierno de la Doctora Sheinbaum, “viola e incurre en una falta a la Constitución federal, en su intento de espiar de forma telefónica a los capitalinos bajo el pretexto de ‘monitorear’ el coronavirus”, dijo.

“El Gobierno de la Ciudad no puede usar el aislamiento y el monitoreo del mismo, como pretexto para establecer un ‘big brother’ sanitario. No puede tener acceso a mis datos personales, ni a la georeferenciación de dónde voy de un lugar a otro en esta Ciudad”, expresó.

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De acuerdo con la queja presentada por el panista, destaca que “la restricción o suspensión de derechos humanos, es una atribución exclusiva del Presidente, siempre y cuando cumplan las formalidades establecidas en el Artículo 29 Constitucional y, desde luego, no es el caso”, comentó Döring Casar.

Por ello, el panista reprobó que el Gobierno capitalino obligue, por disposición, a las empresas de telefonía a abrir su información y dar acceso a las antenas de los equipos que manejan los citadinos.

“La Comisión de Derechos Humanos debe requerir información y tenga acceso a lo que se le proporciona al Gobierno diariamente, para verificar si esto contravienen las garantías individuales de la ciudadanía o si en verdad son datos genéricos”, señaló.

Asimismo, el panista negó confiar en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), donde mantendrán monitoreo contante del movimiento y contacto entre las personas en la Ciudad, con el fin de identificar si las personas cumplen con el aislamiento, “lo cual es violatorio a las garantías y, por lo tanto, es inconstitucional”, reiteró.

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