Brayan quería dinero para llevarlo a su casa en donde vivía con su madre, pero “¿quién emplea a un niño de 13 años?”, se pregunta un lustro después. Decidió hacer lo que había visto en su colonia desde pequeño, comenzó a robar y después, vender droga. La única forma de conseguir dinero rápido, explica, sería si se convertía en “un gran capo”.
Al principio, los asaltos los realizaba en periférico para poder escapar con mayor facilidad. Entre un robo y otro, llegó a la “ciudad perdida”—una vecindad— de Tacubaya en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. “Me inicié con un negocio que tenía mi primo. [Después] conocí a un valedor con el que comencé a fumar mota y sin querer me metió a donde vendía y me hice amigo de ellos”, recuerda el joven.
Su familia pensaba que estaba en la secundaria porque era lo que él decía cuando salía a vender drogas en aquella “ciudad perdida” durante ocho horas. Su jornada iniciaba al mediodía y terminaba a las 20:00 p.m, la paga que recibía al final eran 500 pesos, cuenta. Las personas que lo rodeaban eran todos adultos. Observándolos aprendió, poco a poco, a moverse en esas zonas y sobre todo cómo hacer negocio.
De 2015 a junio de 2019 se registraron 2 mil 995 averiguaciones previas y carpetas de investigación que involucraron a 3 mil 567 menores de entre 12 y 17 años. Seis de cada 10, es decir 2 mil 246, fueron acusados por robo en sus diversas modalidades; la mitad de estos asaltos fueron contra transeúntes, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX) obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL.
La edad promedio tanto para los adolescentes que llevaron un proceso por narcomenudeo como por robo en la capital es de 16 años. Cuando Brayan inició en el “negocio”, tenía apenas 13. Los datos muestran que en los últimos cinco años sólo se remitieron ocho menores con esa misma edad.
Algunos niños y algunos jóvenes reproducen la violencia de la que aprendieron en sus contextos familiares y sociales, indica en entrevista José Alfredo Nateras Domínguez, doctor en Antropología Social y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa. Asimismo, hace énfasis en que la violencia en el país se ha desbordado de una forma preocupante y es un problema estructural.
“El crimen organizado construye una imagen o un imaginario de que les va a satisfacer sus cuestiones [a los menores de edad] no sólo económicas, sino de prestigio, respeto, estatus social que ya no lo pueden conseguir a través de la escuela o del trabajo. Entonces el crimen organizado los engancha y les ofrece mucho más de lo que les puede ofrecer una empresa o alguna institución del Estado”, explica el especialista.
Principales delitos por edades
Brayan trabajó en un inicio para una familia de narcomenudistas, pero una serie de ajustes de cuentas terminó con sus líderes y la zona fue tomada por otro grupo delincuencial. Luego de esto, el joven se alejó de Tacubaya y pasó a vender en la alcaldía Álvaro Obregón. “Yo le trabajaba a los chonchos; yo traía los tubos —pistolas—, iba por los gramos —droga—, sabía cocinar —narcóticos—, y coordinaba más de 10 puntos”, narra el joven de ahora 18 años.
Pero le pidieron regresar a la “ciudad perdida” a vender y coordinar el narcomenudeo en esa zona; sin embargo, la lucha por el territorio se desató y fue “levantado” por el grupo contrario; la finalidad: saber más información de los anteriores líderes de la zona. El adolescente fue golpeado. Su “patrón” negoció su liberación y tras dar un rescate de 30 mil pesos lo soltaron. Él recibió 2 mil por no haber dicho nada . Tras el ataque pasó un año encerrado, sin salir de casa al cuidado de su madre.
Vender droga, dice, no es un juego, y tras el secuestro pensó: “¿por qué mi mamá va a ir a identificar a su hijo en un carro, todo baleado?”, reflexiona.
Brayan no había cumplido ni la mayoría de edad cuando se convirtió en un experto comerciante de drogas. Y es que este delito, junto con el robo, portación de armas, homicidio y lesiones son las principales causas por las que remiten a los menores de entre 15 y 17 años, según datos del TSJCDMX.
En edades más pequeñas los delitos cambian. Los detenidos de 14 años fueron acusados principalmente de lesiones y violación. Los mismo ocurre con los acusados de 13 y 12 años, aunque su representatividad es poca, los delitos de los que se les acusa por lo general están más relacionados con cuestiones sexuales como abuso y violación.
Infografía: FERMÍN GARCÍA. EL UNIVERSAL
La directora general del Instituto de la Juventud de la CDMX, Beatriz Olivares Pinal, indica tres puntos que considera importantes para la prevención del delito. La primera sería creer en los jóvenes, la segunda sería no criminalizarlos y la tercera consta de acercarlos a cosas que ellos no han tenido oportunidad de tener acceso. “Hay que acercar la cultura y el deporte a los jóvenes como una medida estratégica y darles mayores opciones para que puedan estudiar ”, asegura.
Por su parte, Alfredo Nateras Domínguez dice que los jóvenes en situación de riesgo son los que habitan las zonas populares en donde su proceso de socialización de desarrollo en hogares de pobreza o de una desventaja social. “Entonces en ese sentido para ellos se les complica más el acceso a la escuela o lo laboral o a la salud, en tanto que tienen y provienen de una desventaja de desigualdad social acumulada familiar e histórica”, indica.
Nuevo sistema de justicia
Aunque en 2005 hubo un cambio en el sistema de justicia, que culminó con la publicación en 2016 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el número de asuntos que ingresaron fue muy similar: 750, en promedio, cada año. La diferencia radicó en que con el anterior sistema se lograron sentencias condenatorias en 42% de los casos y con el nuevo esta cifra llega apenas a 20% de las carpetas. Una diferencia similar ocurre con aquellos que no tienen sentencia. Ocho de cada 10 menores que fueron remitidos mediante el nuevo sistema aún están en el limbo, mientras que en 2016 esto sólo ocurrió en la mitad de los registros.
El 16 de junio de 2016 se publicó la ley nacional. “Es la primera vez en el país que se homologa el sistema, pero esto es positivo porque a partir de que los operadores del sistema, desde policías hasta guías de centros o comunidades especializadas, son capacitados de la misma forma, el sitema tiende a su especialidad”, dice Sofía Cobo Tellez, investigadora del Inacipe.
También indica que en los artículos transitorios de la ley se contempla que las leyes estatales dejan de tener aplicación. Una ventaja de la nueva norma es que por primera vez se habla un mismo idioma a nivel nacional tanto con principios de corte sustantivo como los procesales. “Desgraciadamente a la hora de operar la ley, a la hora de implementarla, se está haciendo de manera distinta en cada estado y la homologación deja de tener vigencia, está ocurriendo un paralelismo en la aplicación de la norma”, añade.
En cuanto a las medidas de privación de la libertad para adolescentes, explica que la nueva ley propone un sistema diferenciado al de los adultos, ya que se utilizarán como medida extrema y excepcional, y sólo se podrán imponer a personas mayores de 14 años. Aplica por un tiempo máximo de tres años en el grupo de 14 y 15 años de edad y cinco años para los de 16 y 17 años de edad. Algunos delitos que pueden merecer esta medida son: homicidio calificado, delincuencia organizada y secuestro.