Más Información
metropoli@eluniversal.com.mx
Las empresas de renta de scooters y bicicletas sin anclaje que no ganaron el permiso emitido por la Secretaría de Movilidad deberán retirar sus unidades de las calles de la Ciudad de México a más tardar esta semana, informó la dependencia.
Entre las firmas están Movo, Bird, VBike, Lime, Motum, que a pesar de no haber participado en el proceso de selección o no haber ganado, continúan su operación de cientos de unidades en la capital.
La Semovi otorgó el permiso para operar 2 mil 400 bicicletas sin anclaje a Mobike, pero lo perdió al no pagar la contraprestación de 6 millones 240 mil pesos; también se lo otorgó a Dezba que operará 500 unidades y pagó 900 mil pesos, y Jump que operará mil 900 bicicletas y pagó 2 millones 470 mil pesos.
En el caso de monopatines eléctricos, la empresa Grin pagó 24 millones 500 mil pesos como contraprestración y recibió un permiso por mil 750 unidades; la empresa Lime fue otra que perdió su permiso, al negarse a pagar al gobierno 12 millones 600 mil pesos por mil 750 unidades, argumentando falta de certeza jurídica en el proceso.
Las unidades que circulan en las calles de empresas como Bird, Movo y Vbike no lograron tener un permiso; no obstante, las autoridades no les han obstaculizado su operación, hasta esta semana cuando se les acabe el plazo y se espera que se lleve a cabo un operativo por la Semovi y el Invea para detener sus actividades, aunque hay al menos cinco amparos por parte de las empresas en operación.
Micromovilidad, en riesgo.
La controversia de los permisos para empresas de renta de scooters y bicicletas sin anclaje, es un factor importante para que los usuarios vuelvan a utilizar autos, comentó Sebastián de Lara, director de relaciones gubernamentales de Grin, por lo que solicitan medidas para ofertar lo que la gente demanda.
Al ser la única empresa de renta de scooters que cumplió con la contraprestación, De Lara espera una reunión con Semovi para discutir el aumento del polígono de operación, la seguridad de unidades y que la contraprestación se destine a infraestructura de micromovilidad.
