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A cinco meses de que desapareciera, después que fuera detenido y supuestamente golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el estudiante Marco Antonio fue dado de alta el viernes pasado del Hospital de Neurología, donde era tratado por los problemas físicos y mentales que todo lo que vivió le ocasionaron; sin embargo, será trasladado a una residencia para ser “tratado de otra manera”.
Así lo dieron a conocer los familiares del universitario y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), organismo que desde que se dio a conocer el hecho han brindado apoyo y orientación a los padres de Marco Antonio.
El organismo detalló, en un comunicado, que se trata de un acuerdo entre los padres de Marco, la Secretaría de Gobernación y las comisiones nacionales de Seguridad y de los Derechos Humanos.
“Los hechos delictivos que llevaron a Marco Antonio a estar desaparecido y despertar la indignación nacional siguen en impunidad. Los policías agresores siguen libres y en activo, la investigación local no ha aportado ninguna evidencia sobre lo acontecido durante los seis días de la desaparición del adolescente y la policía de la Ciudad se mantiene en la posición de reducir a un error de protocolos, sin reconocer el actuar delictivo de sus elementos.
“La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía sobre Desaparición Forzada, tiene abierta una carpeta de investigación con diversas actuaciones, pero también sin resultados”, aseguró la institución en el comunicado.
A decir de la Redim, Marco fue llevado a una residencia para iniciar un tratamiento diferente al que recibió los últimos dos meses, el cual, aparentemente, no ha dado los resultados deseados por las víctimas.
Hasta el momento, Marco Antonio no ha estado en condición de rendir su declaración ministerial ante la procuraduría capitalina y sólo se ha limitado a contestar que “no recuerda qué pasó”.
Sus familiares y las distintas organizaciones que lo asesoran exigen que se cumpla el protocolo de actuación judicial en casos de niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece la protección especial en el proceso judicial evitando su revictimización.
Todo esto comenzó el pasado 23 de enero, cuando Marco Antonio fue detenido por agentes y apareció en mal estado días después.