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El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Julio César Bonilla Gutiérrez, consideró que la pandemia por Covid-19 , ha significado un reto para el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas en la impartición de justicia , ante el cierre de espacios públicos.
Sin embargo, el funcionario sostuvo que gracias al uso de herramientas digitales, la justicia siguió operando de manera remota, a partir de una reingeniería jurídica, que ha ido consolidándose para responder a las necesidades derivadas de la contingencia.
Al participar en el foro virtual “Justicia Electrónica. Retos y Oportunidades”, organizado por el INFO, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla, Bonilla Gutiérrez destacó la importancia de la tecnología.
“Es una aliada, que nos permite avanzar en la construcción de la impartición de justicia, el acceso a la información pública, la mejora de los servicios públicos, así como de los procesos democráticos”, enfaizó el titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).
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Añadió que si bien la discusión sobre la justicia electrónica desde la academia no se ha detenido, “la pandemia fue un catalizador que permitió que la digitalización de la justicia fuera un interés general, que se ha redefinido y adoptado desde el Poder Judicial de la Federación”, afirmó.
En el panel 3: “Procedimientos Electrónicos (litigios, denuncias, mediación audiencias, convivencia y otros)”, Bonilla Gutiérrez apuntó que “la Tecnología de Información y Comunicación (TIC), permite a los sistemas de justicia estar a la altura del contexto actual, sin dejar de cumplir con las obligaciones constitucionales”, enfatizó.
Ejemplo de ello, recordó, es el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura, del 8 de junio pasado, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea e interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a su cargo.
“Sin duda, está dándose un paso contundente en materia de justicia electrónica, ya que las plataformas tecnológicas se ponen al servicio de las personas, a fin de agilizar, acercar y facilitar el acceso a la justicia. Hoy, a pesar del contexto en el que estamos, está concretándose un gran esfuerzo de justicia digital”, aseveró.
Sobre la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, aprobada por el Congreso de la Unión, para hacer públicas todas las sentencias de los sujetos obligados con actividades jurisdiccionales, el titular del INFO resaltó que dichos cambios reflejan otro procedimiento electrónico.
Explicó que esto “ha contribuido a aniquilar el secretismo”, aunque existen diversas restricciones en la materia que, sin duda, deben velarse en igual jerarquía de derechos y bajo el principio de confidencialidad o reserva, lo cual no debe entenderse como excluyente del acceso a la información.
“La publicidad de las sentencias, por tanto, constituye un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, así como una herramienta para frenar la corrupción en lo judicial, bajo el escrutinio público, y un aliado en esta evolución es el uso de las herramientas tecnológicas”, sostuvo Bonillo Gutiérrez.
En su oportunidad, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), capitalina, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que las TICs han transformado radicalmente la manera en que se transmite y recibe información.
“Si bien (esta tecnología) ha traído beneficios, también ha ocasionado nuevos riesgos sobre los bienes jurídicos tradicionales, como la privacidad y la seguridad de las personas, dando lugar a ciberdelitos, entre ellos la violencia digital por razones de género y el delito de intimidad sexual”, reconoció la fiscal.
Tras indicar que han tenido avances, como la denominada Ley Olimpia, Godoy Ramos expresó que entre los desafíos que enfrentan los sistemas jurídicos nacionales en la investigación, son los delitos de género en el ciberespacio y la aplicación de la normatividad, pues se trata de conductas que no tienen fronteras y que afectan bienes intangibles.
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