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El Congreso de la Ciudad de México revisará los contratos de las tres autopistas urbanas de cobro y solicitará un informe pormenorizado al Gobierno local sobre los ingresos recibidos por la operación de éstas.
La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, Guadalupe Chavira, envió un oficio a la Comisión de Hacienda para conocer los criterios con que se han asignado los ingresos por la operación de estas vialidades de cuota.
Además de los títulos de concesión, tanto de la autoridad capitalina como las empresas, así como los reportes semestrales de ingresos brutos tarifarios, estados financieros, balance general y resultados del ejercicio fiscal anterior entregados por las concesionarias.
A la par, los resultados de las auditorías realizadas por despachos externos, Contaduría Mayor de Hacienda y Auditoría Superior de la Ciudad de México.
En días anteriores, EL UNIVERSAL dio a conocer que las empresas concesionarias han aumentado hasta 510% el costo del peaje en las autopistas urbanas de cobro.
Los contratos establecen que entregarán 1% de sus ingresos brutos sin IVA al Gobierno capitalino.
Según la Oficialía Mayor, la actual administración ha recibido la contraprestación de 66 millones 418 mil 972 pesos por la Autopista Urbana Norte, Supervía Poniente y Autopista Urbana Sur.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Ernestina Godoy, afirmó que “no puede haber contratos tan leoninos para la Ciudad, donde reciba 1% y además cada vez aumenten las tarifas quién sabe bajo qué autorización”.
Godoy Ramos recordó un caso similar ocurrido en 2000 con la empresa Eumex, en cuyo contrato se le daba un peso al Gobierno de la Ciudad por la instalación de mobiliario urbano, también conocido como “mupis”. El contrato se revisó, fue a tribunales y tras casi cinco años de pugna jurídica se echó atrás.
En entrevista, especialistas indicaron que el Gobierno capitalino debe tener una mayor participación en los contratos de concesión de las autopistas urbanas de cobro.
El doctor en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Enrique Hernández Laos comentó que el hecho de que las autoridades reciban sólo 1% de contraprestación, hace pensar a la ciudadanía que los contratos son a modo, a favor de las concesionarias.
“Me parece que le están haciendo las cuentas muy complicadas a la Ciudad, da la impresión, por la cantidad de automóviles que circulan, que los ingresos son monumentales. Me parece que por estar utilizando la vía debería haber una participación muchísimo mayor, podría sugerir que rondara entre 7% y 10%. Los que construyeron las autopistas pondrían el grito en el cielo porque se reducirían sus ganancias y se alargaría el tiempo para recuperar su inversión”, dijo.
Abraham Vergara Contreras, coordinador de la licenciatura en Finanzas y Contaduría de la Universidad Iberoamericana, opinó que pareciera que las concesiones están escritas a favor de las empresas: “De entrada, diría que bajara el precio [del peaje]. Que se incrementen los recursos que recibe el Gobierno y que se vieran reflejados en un beneficio social, porque es una fuente importante de ingreso, y que los recursos sean transparentes.
