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El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Régimen Patrimonial para que los concesionarios de los parquímetros instalen cámaras de vigilancia en las zonas donde operarán los aparatos, con el objetivo de reducir el robo a vehículos.
Las videocámaras funcionarán las 24 horas del día y estarán conectadas al C5, con el objetivo de identificar a quienes comentan los delitos.
La normatividad entrará en vigor cuando sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La diputada del PAN Gabriela Salido expuso en tribuna que sólo en noviembre del año pasado hubo cerca de 12 mil robos de vehículos y más de 10 mil delitos de robo de autopartes. De enero a octubre del año pasado 38.5% de los atracos fueron con violencia y más del 61% cuando los autos estaban estacionados; la legis-ladora mencionó que estos vehículos tienen mayor probabilidad de ser objeto de estos delitos.
Para el caso de los usuarios de parquímetros se tiene registrado que en noviembre de 2018 hubo más de 8 mil robos al transeúnte, de ahí que los operadores de este servicio, ya sea el concesionario o la administración pública, establezcan diferentes medidas para garantizar la seguridad de las personas que recurren a este tipo de estacionamiento.
“Es de vital importancia, porque en muchas ocasiones, a pesar de las denuncias, no se logra identificar a quienes cometen este tipo de actos. Es así que la instalación de cámaras es una herramienta para la procuración e impartición de justicia.
“Es uno de los grandes pendientes que tienen los estacionamientos en la vía pública, garantizar la seguridad de los vehículos y usuarios que pagan por este servicio. Esta es una alternativa viable y concreta para ayudar a disminuir las conductas delictivas que ocurren en el espacio público, que atentan contra el patrimonio y la seguridad de los usuarios del sistema de parquímetros, y en general de la ciudadanía”, expresó.
Otra medida planteada es la obligación para los concesionarios de contratar un seguro que les permita responder por daños o por la pérdida parcial o total de los vehículos.
“Los usuarios pagan una cuota y el concesionario ni la administración pública se hacen responsables por daño o pérdida”, dijo Salido.
El dictamen aprobado con 51 votos a favor fue remitido a la jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.