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Las pastillas de baja calidad que se utilizan en las clínicas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud local (Sedesa) son investigadas en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependencia que recibió una queja el 5 de julio de 2017 de parte de las afectadas que ingirieron el medicamento.
La queja con número de entrada 173300802X0250 fue interpuesta después de que las pacientes detectaran las anomalías que las pastillas Mefaprix les había provocado.
Para esto documentaron 42 casos clínicos donde no se interrumpió el embarazo a pesar de que se las recetaron, también se incluyó un estudio de bioequivalencia en comparación al producto Zacafemyl, que se utilizaba originalmente en las clínicas de la Sedesa.
La Cofepris advirtió que revisaría el número de registro sanitario de Mefaprix para determinar que estuviera en regla y analizaría también otras denuncias para así poder determinar si las fallas del medicamento suceden de manera sistemática o si las denuncias fueron casos aislados; los análisis y la investigación continúan. A la fecha no ha encontrado alguna otra irregularidad.
Penalización. En caso que el estudio y análisis de bioequivalencia de Mefaprix no contenga el mínimo necesario de la sustancia activa o que no esté en los rangos de los medicamentos genéricos del producto original —Zacafemyl—, la Cofepris tiene la autoridad para cancelar el registro de Mefaprix al considerar que podrían ser un riesgo sanitario para la sociedad y las mujeres que las consuman como tratamiento médico.
“Estamos en todos los procesos que se deben seguir para que se revise y se supervise qué pasa con ese medicamento. Desde el año pasado la queja está en la Cofepris, ahí primero nos pidieron una serie de documentos y estudios para poder acreditar las complicaciones que nos provocaron las pastillas y entregamos todo; documentamos 245 casos y se los hicimos llegar.
“Ahora sólo falta que ellos hagan su trabajo y que en el caso que el medicamento sea el responsable, pues que se retire del mercado para que no siga causando daño, porque para las autoridades y los médicos de la Secretaría de Salud lo más fácil fue culparnos a nosotros; dijeron que la causa era el cuerpo, que cada cuerpo es diferente, más no el medicamento, pero son muchos casos y no debería ser así”, comentó Paulina, otra de las pacientes afectadas.
El organismo federal solicitó a la farmacéutica, así como a la representación legal de la misma, que proporcione los permisos otorgados por la autoridad de salud y los estudios para determinar qué causó los efectos secundarios en los 245 casos. Se estima que la investigación de Cofepris concluya en abril.
“Investigamos y sabemos que hay como 500 casos, algo esta pasando o algo hicieron en las clínicas y nosotras sufrimos las consecuencias”, puntualizó la entrevistada.
