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Las malas actuaciones, el mal ejercicio de sus funciones y otras irregularidades encontradas tienen en jaque a la Policía de Investigación (PDI) de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ).
Durante los últimos dos meses, 120 elementos de esa corporación fueron retirados de las calles y reasignados a otras áreas administrativas por el Consejo de Honor y Justicia de la corporación, esto luego de que reprobaran los exámenes de confianza.
La información revela que de esos 120 elementos, por lo menos 10 son investigados por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Se les indaga también por presuntamente recibir sobornos, brindar protección o alertar a las células dedicadas al narcomenudeo que operan en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero de los operativos en su contra.
Las bajas más recientes se dieron apenas la semana pasada, cuando personal del Consejo de Honor y Justicia se presentó en la Coordinación Territorial GAM-5 y notificó a tres agentes que tenían que entregar sus armas, su placa y mientras concluye la investigación, debían hacer trabajo de oficina.
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A uno de los oficiales de la PDI se le pidió que acudiera a una “entrevista” con Asuntos Internos, pues sobre él pesa también una acusación por un posible nexo con la delincuencia organizada; sin embargo, el oficial de apellido Aguirre no se presentó el día requerido y de momento no es localizado.
Esta aparente “depuración” en la Policía de Investigación ha causado molestia en la corporación, pues a la par de que apoyan la limpia, exigen más personal, pues con la baja temporal de los 120 elementos, el trabajo se acumula para unos cuantos y, revelan, aún esperan el aumento de sueldo que las autoridades de la nueva administración les prometieron, así como otras mejoras.
“No vamos a defender a nadie ni justificar nada, aquí el que es corrupto es porque quiere y si se limpia la corporación está bien, pero que [las autoridades] hagan lo correcto y lo justo, que se vayan los que de verdad son corruptos y no que la famosa depuración sea como venganza o para desquitarse de alguien, porque sentimos que eso fue lo que pasó en el examen de confianza pasado y por eso las protestas”, dijo un agente que pidió el anonimato.
“Los que nos quedamos tenemos hasta 25 o 30 carpetas, así con esa carga de trabajo, cuándo vamos a dar una”, explicó.
Durante el último informe que la procuradora Ernestina Godoy presentó ante el Congreso local, reveló que actualmente 40% de los agentes de la PDI no son aptos para estar en la corporación.
