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Sin hacer observaciones y luego de la polémica durante su redacción, el Gobierno de la Ciudad de México publicó las leyes que dan origen al Sistema Anticorrupción local y con ello se confirma que los actuales diputados de la Asamblea Legislativa de la capital serán quienes aprueben la designación de diversos puestos clave, por ejemplo, el primer Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.
Se trata de un paquete de 11 ordenamientos: seis nuevas leyes y cinco reformas a disposiciones existentes, las cuales fueron aprobadas en julio pasado, en un contexto en el que PRD y PAN formaron un bloque mayoritario, mientras que Morena se pronunció por reservarse todas las iniciativas.
El primer fiscal tendrá que ser nombrado a más tardar en noviembre próximo, puesto que la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México precisa en un artículo transitorio que el primer fiscal será nombrado por un periodo de siete años, “a más tardar 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto”, es decir a partir de ayer.
Para el nombramiento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, deberá proponer a la Asamblea Legislativa una terna de aspirantes, que será evaluada por las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad, que presiden PAN y PRD, respectivamente, para después someter la terna a consideración del Pleno y votar por uno de los perfiles.
La norma plantea que para ser designado bastará con obtener mayoría simple de votos del Legislativo local, a pesar de que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que los fiscales especializados sean nombrados por mayoría de dos terceras partes.
En los últimos minutos del viernes pasado, el paquete de 11 leyes y reformas aprobadas por la asamblea desde julio pasado fueron publicadas en la Gaceta Oficial y entraron en vigor a partir de ayer. Otra norma promulgada es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; en este caso, también será la Séptima Legislatura la que apruebe en un periodo máximo de 60 días naturales los nombramientos de los magistrados deltribunal, a partir de propuestas enviadas por el jefe de Gobierno.
Este nuevo organismo sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF y quedó la puerta abierta a que los actuales magistrados que no hayan sido ratificados puedan ser considerados para el nuevo tribunal.
En las reformas a la Ley de Transparencia, se establece en un transitorio que “a fin de homologar en tiempo los nombramientos de las y los titulares de los organismos que integran el Sistema Anticorrupción”, por única vez será el Pleno de la asamblea el que nombre a los nuevos comisionados del instituto, en un plazo no mayor a dos meses.
En el caso de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México , el órgano legislativo tendrá 30 días para nombrar una comisión de selección que a su vez contará con un mes para conformar el comité de Participación Ciudadana del Sistema.
Además, fue publicada la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública mediante la cual se crea la secretaría de la Contraloría General, responsable de la buena administración y gobierno abierto en la capital, que se conformará por un secretario, encargado de nombrar a los contralores internos.
Aunque el gobierno capitalino había previsto hacer cambios, al final se publicó el paquete de 11 ordenamientos, entre los cuales también están la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y Ley de Responsabilidades Administrativas.
A su vez están las modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, al Código Penal para la capital del país y a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y del Reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea.