El Gobierno de la Ciudad de México plantea cambiar uno de los 30 trenes que forman parte de la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) por el Puesto Central de Control (PCC) de Buen Tono que se incendió el pasado 9 de enero, modificando el contrato que se tiene con el consorcio integrado por CRRC Zhuzhou Locomotive Co., LTD, y CRRC (Hong Kong) Co. Limited.
La necesidad de cambiar el contrato se funda en la situación de las finanzas públicas, impactadas por la pandemia generada por el Covid, los gastos adicionales en que ha incurrido el STC derivados de la atención al incendio, y los plazos previstos para el cobro de las primas de los bienes que se perdieron como consecuencia del siniestro del PCC1, lo que ha presionado la liquidez de ese organismo público descentralizado.
Esta propuesta se encuentra en el informe de avance trimestral enero-marzo 2021 de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México que presentó al Congreso capitalino, donde expone que, sin aumentar el importe de la contraprestación pactada en favor del prestador en el contrato, se requiere reducir una parte del alcance de los servicios originalmente contratados, disminuyendo un tren nuevo del proyecto de modernización, a fin de que los servicios incrementados no generen un aumento en los pagos establecidos en el contrato.
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De esta manera, indica el documento, de la modificación a los servicios originales y la incorporación de los servicios incrementados no se desprende una mejora en las condiciones originales de los servicios en favor del prestador. No obstante, refiere que es indispensable restablecer el PCC1 Integrado en el menor tiempo posible, asegurando el uso eficaz y eficiente de los recursos con que cuenta el STC.
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“Adicionalmente, es importante considerar que el retraso generado por el incendio implica que, si bien no se modifica el importe de las erogaciones previstas para el ejercicio 2021, sí implicará que se hagan ajustes en algunos meses del ejercicio de 2021, a fin de no alterar la planeación financiera del proyecto, ni el esquema de pagos nivelados planteados”, destaca el documento presentado a los legisladores.
También expone que las modificaciones al contrato planteadas no implican una contravención a lo previsto en los principios y disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, las Reglas PPS y la Ley de Austeridad, ni se traducen en una mejora a las condiciones originalmente establecidas para el prestador. Por otro lado, se mantienen las condiciones favorables de rentabilidad social del proyecto.
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