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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) emitió la recomendación 10/2018, dirigida a la delegación Iztapalapa y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, por violaciones de los derechos de los habitantes del pueblo de Culhuacán.
La ombudsperson, Nashieli Ramírez Hernández, detalló que esta recomendación se realizó ante diversas violaciones, como el que no se respete el derecho a la consulta a los pueblos originarios , el no preservar la cultura de estos y el abuso de fuerza pública durante el intento de manifestación.
El organismo documentó cómo la autoridad delegacional hizo caso omiso de las solicitudes que los habitantes del lugar realizaron para que se respetara su derecho a la consulta sobre el destino de un predio, que estaba destinado a realizar el panteón vecinal Chinampa .
Ramírez Hernández explicó que la finalidad que los pobladores de Culhuacán buscan darle al predio es continuar con la cultura, pues se establece que al morir se regresa el cuerpo a la tierra.
“La autoridad delegacional, como parte de la Ciudad de México y del Estado mexicano, tiene la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el Convenio 169 de la OIT y, en unos días, de la Constitución Política de la Ciudad México ”, explicó la ombudsperson capitalina.
Refirió que los hechos puestos en la recomendación muestran la interdependencia de los derechos humanos ; en este caso, porque la violación de un derecho humano va desencadenando un cúmulo de otras violaciones que pudieron ser prevenidas si se hubiese garantizado el derecho a la consulta.
“En el caso que presentamos hoy, la delegación de Iztapalapa y la Secretaría de Seguridad Pública participaron en un acto que fue implementado ilegalmente para retirar a las personas pertenecientes del pueblo de Culhuacán del predio, que éstas últimas consideraron debe ser destinado a la instalación de un panteón vecinal ”, dijo.
Además, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública se excedieron en el uso de su facultad de uso de la fuerza , con lo que generaron violaciones a su derecho a la integridad personal.
“Estas afectaciones a sus derechos, han llevado a estas personas pertenecientes a los pueblos de Culhuacán a ejercer su derecho a la protesta de forma pacífica ; sin embargo, han sido reprimidas y una de ellas, detenida de forma arbitraria, utilizando el derecho penal como una herramienta de solución de conflictos , en lugar de descansar en el derecho a la consulta para lograr este objetivo”, comentó Nashieli Ramírez.
etp
