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De 2011 a 2017, la Comisión de Derechos Humanos local ha recibido 234 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las garantías humanas como consecuencia del desarrollo inmobiliario; estas problemáticas están directamente relacionadas con la corrupción, alertó la presidenta de la comisión, Nashieli Ramírez.
“La corrupción se da desde distintos niveles y es una cadena que sucede porque no hay sanciones alrededor”, explicó.
Durante la presentación del Informe Especial sobre Crecimiento Urbano y Derechos Humanos en la capital, Nashieli Ramírez indicó que “esta corrupción que se vuelve mortífera, es especialmente reprobable, no sólo por sus consecuencias más evidentes, sino porque implica la normalización de conductas sociópatas que terminan por lastimarnos y degradarnos como sociedad”.
Detalló que hasta ahora se han emitido 23 recomendaciones relacionadas con el crecimiento urbano, mismas que fueron agrupadas en cuatro ejes: desarrollo inmobiliario de uso habitacional, megaproyectos para la movilidad y esparcimiento, falta de estándares de accesibilidad universal y expropiación y permutas de propiedades para realizar obras públicas o preservar el medio ambiente.
En ese sentido, las recomendaciones a las que tienen mayor resistencia y no ha habido ningún avance, “son las que tienen que ver con las sanciones a los servidores públicos involucrados en estos actos”, dijo.
Las dependencias que han omitido responsabilidad son “desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Vivienda, todo lo que tiene que ver con obra y en las propias Delegaciones también”.
La CDH detectó que los cinco principales desafíos para la Ciudad de México en materia de crecimiento urbano con enfoque de derechos humanos son: la conservación al máximo de las zonas protegidas y el cuidado del equilibrio ambiental; la cobertura de las necesidades de vivienda de la población; la atención de las necesidades de movilidad, obras y servicios públicos y la reconstrucción de la capital.
Al respecto, Nashieli Ramírez pidió a la administración que entrará en funciones el próximo año que se tome como referente al Informe para frenar la crisis inmobiliaria que atraviesa la CDMX, que incluso quedó evidenciada con el sismo del 19 de septiembre.