La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibe quejas de personas de la tercera edad , en su mayoría al programa de pensión alimentaria , por lo que exhortó a las autoridades hacer una revisión de las políticas públicas relacionadas principalmente con el acceso y suficiencia de los programas sociales dirigidos a este sector.
Tan solo en 2017 el organismo recibió 54 quejas de presuntas violaciones a derechos de personas mayores.
En conmemoración al día adulto mayor que en México se celebra este 28 de agosto , el organismo a cargo de Nashieli Ramírez Hernández invitó a que además de celebrar la larga vida de las personas mayores, también es una oportunidad para analizar y reflexionar los retos que el Estado y la sociedad en su conjunto tienen para lograr un envejecimiento pleno, activo y saludable en nuestra Ciudad, ante un contexto cada vez más complejo, en la que aumenta el número de personas mayores que viven y transitan en ella.
Se prevé que hacia el año 2030, la Ciudad de México concentrará 20.4% de las personas mayores del país y cuya edad promedio será de 70.7 años.
Esta proyección evidencia la necesidad de visibilizar el problema y trabajar con su participación en el diseño de estrategias y la construcción de un andamiaje institucional político, económico y de inclusión social, que, a mediano y largo plazo, satisfaga las necesidades que se enfrentarán; desde un enfoque de curso de vida y con perspectiva de género, debido a que, el mayor número de personas mayores son y serán mujeres.
La CDH capitalina indicó que la Constitución Política de la Ciudad de México , reconoce a las personas mayores como grupo de atención prioritaria y garantiza en su Artículo 11 apartado F , sus derechos: a la identidad, a una ciudad accesible y segura, servicios de salud especializados, cuidados paliativos y pensión económica no contributiva.
Asimismo, en el Artículo 6, el derecho a la muerte digna.
Sin embargo, ante la violencia física, psicológica económica y social que sufren las personas mayores, es prioritario que las autoridades, dentro del nuevo paradigma de la Ciudad, implementen leyes, políticas, mecanismos y servicios que promuevan y protejan sus derechos.
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