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La mayoría de la población indígena reclusa en penales de la Ciudad no tuvieron acceso a un debido proceso pues no se les acercó con un traductor en su lengua, aseguró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la CDH emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales así como al Tribunal Superior de Justicia, todas capitalinas, por la vulneración de los derechos de 14 indígenas, quienes no recibieron ayuda de un traductor de su lengua natal durante su proceso penal y ahora están en prisión, por lo que se violentaron sus derechos a la libertad y seguridad personales, a un debido proceso y al acceso a la justicia.
“La investigación de los hechos demostró que las autoridades de procuración de justicia utilizaron figuras procesales de una forma inadecuada, porque ampliaron sus facultades para la privación de la libertad de forma no contemplada en la Constitución ni en los tratados internacionales”, comentó Juan Carlos Arjona, cuarto visitador de la CDH local.
Apoyo a pueblos originarios. La ómbudsperson, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que esta recomendación representa una de las herramientas más contundentes que tiene el organismo para señalar a las autoridades que violan derechos humanos, y que en muchos casos muestra su falta de atención para buscar resolver las violaciones.
Refirió que las instituciones no cuentan con traductores propios, por lo que solicitan apoyo en organizaciones y muchas veces no tienen el dinero previsto para pagar los gastos de quienes hacen esta labor, aunque es un derecho constitucional que la gente tenga los elementos suficientes para enfrentar un escenario jurídico.
Ramírez Hernández destacó que la capital de la república es una Ciudad multicultural en la que transitan al menos un millón de personas indígenas y habitan cerca de 800 mil; resaltó que en la CDMX hay presencia de 88% de las lenguas que se hablan en el país.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia capitalino, el año pasado se utilizó la ayuda de intérpretes en mil 92 casos, principalmente de las lenguas mazateca, náhuatl, otomí, tzeltal, mazahua, entre otras.
Entre los puntos que plantea la recomendación están el de realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad con enfoque pluricultural y lingüístico, e indemnizar por daño materia a las víctimas.
También deben prestarles tratamiento psicológico personalizado y elaborar un protocolo interinstitucional para la atención de personas de pueblos originarios.