La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 04/2018 dirigida a la Secretaría de Gobierno local por violación al derecho a la vida por falta de cuidado a 24 personas internas en los reclusorios de la capital del país que concluyeron en suicidio.
“Si se comete un suicidio en contra de personas privadas de su libertad, este debe entenderse como una secuencia de omisiones que resultan no sólo en el deterioro de la integridad personal de la víctima, si no, en la pérdida de su vida, la cual puso haber sido evitada”, dijo Iván García Gárate, segundo Visitador del organismo.
Explicó que el suicidio en esas condiciones, es una violación al derecho a la vida por omisiones del personal técnico de los centros de reclusión, en el cumplimiento de su deber, respecto a la vida de las personas privadas de libertad bajo su custodia.
Agregó que entre las omisiones están la falta de cuidado, infraestructura inadecuada, no contar con medios de custodia adecuados, la falta de atención integral a las personas con discapacidad psicosocial y con antecedentes de autolesiones, entre otras.
En la recomendación se presentaron 24 casos de personas privadas de libertad que se quitaron la vida en centros de reclusión de la capital, en el periodo de 2010 a 2017; siete de los casos fueron de mujeres , cuatro en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y tres en Santa Martha Acatitla.
En el caso de los hombres fueron seis en el Reclusorio Oriente, cinco en el Norte, tres en el Reclusorio Sur, uno en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y dos en la penitenciaría de la Ciudad de México.
Según la información recabada por la CDH local, los objetos utilizados para llevar a cabo el suicidio fueron: agujeta, cuerda, cobija, lazo, cinturón, cinta, cable y zacate. Y los lugares donde se llevó a cabo el acto fueron principalmente en estancias en dormitorios, baños o regaderas, dormitorios de psquiatría y áreas comunes.
La Ombudsperson, Nashieli Ramírez Hernández, detalló que entre los puntos recomendatorios está el de indemnizar a las familias de las víctimas, así como brindar tratamiento médico y psicológico; realizar reuniones por caso entre familiares y personal de la Secretaría de Gobierno; adoptar medidas para fortalecer el programa de prevención de suicidios, así como integrar personal especializado en derechos humanos para atender a las familias.
lsm