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El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para castigar con prisión y trabajo comunitario a las personas que obliguen a otras a tomar terapias o tratamientos de conversión sexual .
Con 51 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones, los legisladores locales avalaron las reformas al artículo 206 bis del Código Penal y adicionaron el artículo 190 quater, el cual establece penas de dos a cinco años de prisión a quienes obliguen a personas a someterse a estas terapias, además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario.
La fiscalía deberá perseguir este delito por querella y se agravará cuando esté relacionado un menor de edad y se perseguirá de oficio.
La sesión virtual del periodo extraordinario —cuyo arranque se caracterizó por problemas para emitir los votos de los diputados a través de los iPads y los que dejaban el micrófono encendido—, inició con el análisis, que duró tres horas, pero más por los posicionamientos (15) de los diputados de Morena que votarían a favor, que sobre la discusión del fondo, que sí la hubo con las reservas del legislador del Partido Encuentro Social ( PES ), Fernando Aboitiz, y la panista Gabriela Salido.
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Apoyo arcoíris. Afuera del recinto de Donceles integrantes del grupo YAAJ , que impulsó la iniciativa, mostraron su respaldo mientras los diputados, la mayoría desde sus casas, discutían dicha reforma.
El legislador promovente del dictamen, el morenista Temístocles Villanueva , incluso portó un cubrebocas arcoíris y acudió al Congreso.
Dijo que la aprobación es una lucha de varios aliados para proteger los derechos humanos. “Al someter a las personas a estas terapias se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad”, refirió y explicó que estos tratamientos utilizan métodos como el aislamiento físico, la intimidación y la privación de alimentos para “corregir” la orientación sexual.
Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia , señaló que la adición del artículo 190 quarter al Código Penal no criminaliza el acompañamiento que se hace respetando la voluntad de la persona y explica, de manera precisa, que ninguna preferencia u orientación sexual puede tener un tratamiento como enfermedad.
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El líder del PES, Fernando Aboitiz, acusó que el dictamen no delimitaba bien el tipo penal y se podía tomar como terapia de conversión cualquier plática, incluso entre familia.
Dijo que en tipos penales la violencia se define de diferentes maneras, por lo que se consideró que esto puede interpretarse discrecionalmente por los que manejan la ley.
El dictamen fue aprobado y remitido a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , para su eventual publicación si no hay observaciones.
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Reacciones. En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, dijo que en la Ciudad dos de cada 10 personas de la comunidad LGBTTI+ han sido presionadas para hacerse esta conversión.
Aunque no hay datos duros, estudios indican que en 22% de casos son familiares quienes recurren a estas prácticas; 12% líderes religiosos; 11% integrantes cercanos a la comunidad y 11% profesionales de la salud.
“Estas prácticas son equiparadas con la tortura; estamos hablando que generalmente se hacen a menores de edad y además con un principio que no es válido, porque la homosexualidad y la transexualidad no son enfermedades”, expusó la defensora de derechos humanos.
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