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A tres años del multihomicidio registrado en la colonia Narvarte donde perdieron la vida Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, las autoridades tienen un avance de 37% con respecto a la recomendación que emitió sobre el caso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Entre los pendientes está una disculpa pública a familiares de las víctimas, pago de indemnizaciones, elaboración de un plan integral de investigación; seguir con las diligencias en colaboración con las víctimas y sus representantes para que se alleguen de expertos en materia de feminicidios, ataques a defensores y periodistas.
También falta que los servidores públicos involucrados con las violaciones a derechos humanos sean investigadas, pues a tres años, ni una persona ha sido indagada.
“Por el contrario, aquellas investigaciones que se iniciaron, fueron determinadas sin responsabilidad alguna”, dijo la CDH local.
El 21 de junio de 2017 la comisión emitió dicho instrumento mediante el cual recomendaba a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ambos de la Ciudad de México, por las violaciones a los derechos humanos en contra de las víctimas y algunos de sus familiares.
A un año de la emisión de la recomendación, se han llevado a cabo numerosas reuniones y mesas de trabajo con las víctimas, sus representantes y las autoridades. Asimismo, la Comisión ha acompañado diversas diligencias ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención en Delito de Homicidio.
Por otra parte, la CDH local informó que desde el Programa de Lucha contra la Impunidad, se ha dado seguimiento a los procedimientos penales y administrativos en contra de servidores públicos y, como parte del seguimiento, se han revisado y analizado instrumentos normativos para la mejora de las investigaciones en este tipo de casos.
El organismo a cargo de Nashieli Ramírez hizo un llamado a la PGJ para que impulse y agote todas las medidas suficientes para cumplir con el instrumento recomendatorio.