diana.fuentes@eluniversal.com.mx
El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que no hay impedimento legal para llevar a cabo las obras de la Línea 7 del Metrobús.
Vicente Lopantzi García, consejero Jurídico y de Servicios Legales, aclaró que tampoco existe desacato a la suspensión como lo han asegurado algunos vecinos que han amenazado con llevar a cabo acciones de resistencia.
“El juez entendió que hay una parte que no puedes parar y que si dejas los trabajos medio año o un año sin ejecutarse, probablemente le vas a causar a la colectividad un daño mayor que el ocasionado, si es que existiera, con continuar los trabajos”, precisó Lopantzi.
Antes, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que la presencia de granaderos en donde se efectúa la obra se debe para evitar cualquier tipo de confrontación.
Reiteró que con esta línea del Metrobús se trabaja con mucho cuidado, por lo que consideró imprescindible informar a los vecinos cuáles serán las mejoras en materia de movilidad.
“La ventaja que se tiene cuando ingresa Metrobús es una reducción tres a uno de vehículos circulando, sobre todo ahí lo que se retirarán serán microbuses, es un porcentaje así, el promedio es tres a uno, dos a uno en el retiro de vehículos; así que habrá que platicar con las personas y explicarles”, dijo Mancera.
El consejero Jurídico recordó que desde el 21 de diciembre del año pasado, el juez declaró infundada la denuncia de desacato a la suspensión concedida dentro del juicio de amparo; antes de ello, ordenó que se recabaran diversas pruebas documentales y una inspección ocular que abarcaron Avenida de los Misterios y Paseo de la Reforma, hasta el Auditorio Nacional.
Dijo que las quejas interpuestas ante el juez por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), en contra de esta construcción, partieron de una premisa errónea.
Se había dicho que por acondicionar una de las principales avenidas de la capital para el Metrobús, el Gobierno capitalino había incumplido un ordenamiento jurídico.
Precisó que la AMDA también denunció ante la Procuraduría General de la República una presunta afectación a sitios patrimoniales.