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Después de casi dos años de análisis y discusión, la Asamblea aprobó ayer el dictamen para decretar amnistía a favor de quienes fueron castigados de manera injusta por manifestarse en la Ciudad de México de diciembre de 2012 a diciembre de 2015.
Incluso, contempla sean borrados los antecedentes penales de estas personas por instrucción del procurador General de Justicia capitalino.
Con 40 votos a favor, los diputados locales de todos los grupos parlamentarios acordaron no criminalizar la protesta ni a los jóvenes, obreros, campesinos y organizaciones de la Ciudad que vienen a manifestarse.
“Esta ley es muy diferente a la que propuso alguien por ahí que quiere generar una amnistía a los delincuentes, a los grupos organizados, a los que han intoxicado a nuestros jóvenes, a los que han asesinado a familias completas”, aclaró el presidente de la Comisión de Gobierno en el órgano legislativo local, Leonel Luna.
El dictamen, que será promulgado por el Gobierno capitalino, reconoce como víctimas a quienes hayan sido detenidos injusta y arbitrariamente por participar en protestas.
Además, se rescinden las órdenes de aprehensión pendientes para poner en libertad a los sentenciados.
Se habla de 510 detenidos y 96 procesados por las casi 30 manifestaciones que se realizaron en el tiempo establecido, en la capital del país. Tres permanecen encarcelados y dos fueron absueltos el año pasado.
El 1 de diciembre de 2012 detuvieron a varias personas por manifestarse y traer consigo, supuestamente, bombas molotov. Otras más, por la quema de la puerta de Palacio Nacional.
Desde que inició esta lucha en octubre de 2016, cuando desde el recinto legislativo de Donceles y Allende se salió en defensa de cuatro presos políticos, uno de ellos por quemar presuntamente una unidad de Metrobús en la estación Ciudad Universitaria, se promovía el retiro de cargos de alterar el orden público.
“Es una ley a favor de la sociedad civil organizada y de las personas que se manifiestan por sus ideas, por su militancia”, dijo Luna.
Ayer la paternidad de esta ley fue peleada tanto por Morena como PRD, a pesar de que en 2016 el ex consejero Jurídico y de Gobierno Manuel Granados aseguró que la Asamblea no tenía atribuciones específicas para aprobar la Ley de Amnistía.